La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) hace de público conocimiento que, a pesar de los constantes comunicados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo ha aprobado el D.S. N.° 249-2025-EF, autorizando la transferencia de S/ 317 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), y el D.S. N.° 290-2025-EF, que dispone una transferencia adicional de S/ 203 millones para asegurar la continuidad de proyectos prioritarios (22 en total) en diferentes Departamentos del norte del país.
En conjunto, apenas cubren el 17% de un déficit que supera los S/ 3 mil millones para este 2025, evidenciando una respuesta indiferente a las necesidades de la población. Lejos de restablecer la normalidad, esta transferencia parcial prolonga la incertidumbre, mantiene la paralización de las obras públicas y posterga una solución que el país no puede seguir esperando.
El incumplimiento sistemático de pagos por parte del Estado ha desencadenado la pérdida de miles de empleos formales, el colapso de la cadena de pagos y un severo deterioro de la seguridad jurídica. Cuando el Estado deja de cumplir sus obligaciones, el daño se expande de manera inmediata: los contratistas quedan imposibilitados de pagar a subcontratistas y proveedores, la confianza se pierde y lo peor la población queda en grave riesgo.
La paralización de defensas ribereñas, colegios y hospitales expone a poblaciones enteras a riesgos evitables. El caso de las defensas ribereñas del río Motupe es particularmente alarmante: una obra destinada a proteger a más de 50 mil vidas permanece sin continuidad, dejando a comunidades enteras en una situación de vulnerabilidad inaceptable.
Frente a este escenario, la SNCI expresa su profunda preocupación e indignación y exhorta con carácter de urgencia al Presidente de la República, a la Ministra de Economía y Finanzas y al Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) a asumir la dimensión real del problema y a implementar de inmediato una estrategia integral, sostenible y verificable de financiamiento y pago de obligaciones pendientes, que permita garantizar la continuidad de las obras esenciales protegiendo el interés público.
Lima, diciembre de 2025
