La justicia peruana condenó hoy a 22 años de cárcel al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, tras determinar que existió un horno en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde se desapareció a tres detenidos en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
Junto a Vladimiro Montesinos, quien cumple otras condenas por delitos de lesa humanidad, tráfico de armas y corrupción, también fue sentenciado el ex comandante general del Ejército y exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, según informaron a Efe fuentes judiciales.
El caso, denominado “Sótanos del SIE”, estuvo a cargo de la Segunda Sala Penal Liquidadora, que lo consideró un delito de lesa humanidad y también ordenó la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión.
Los sentenciados fueron hallados responsables de la desaparición forzada del profesor Justiniano Najarro Rúa y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo en los sótanos del SIE, un organismo que era parte del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que Montesinos dirigió “en la sombra” durante el régimen de Fujimori (1990-2000).
La existencia de un centro de detención clandestino, así como de un horno usado para incinerar a las víctimas, fue denunciada por investigaciones periodísticas, la principal de ellas en el libro Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano, publicado en 2004 por el periodista Ricardo Uceda.
Al respecto, el abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró a EFE que esta resolución judicial es “muy importante”, porque se refirió a un caso “particularmente muy grave, luego de los históricos que se conocieron y fueron perpetrados por el destacamento Colina.”
“Esto da cuenta de un hecho particular: que los casos de graves violaciones a los derechos humanos en los años 90 no solo se circunscribieron a los crímenes del grupo Colina”, indicó en referencia a los delitos de lesa humanidad por los que se condenó al expresidente Fujimori a 25 años de cárcel en el 2009.
El tribunal determinó hoy que está probado que el profesor y los dos estudiantes fueron asesinados en los sótanos del cuartel general del Ejército, en el distrito limeño de San Borja, y que luego sus cuerpos fueron quemados en un horno que había en el lugar, según precisó el diario La República.
La sala descartó que ese horno se hubiera usado para quemar papeles, como argumentó la defensa, pues alcanzaba los 1.000 grados de temperatura, lo necesario para quemar cuerpos humanos, agregó el rotativo.
La sentencia señaló que Vladimiro Montesinos verificó en 1993 el funcionamiento del centro de detenidos que operaba en ese sótano.
Rivera consideró que “estos casos y otros que fueron realizados en ese época dan cuenta de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos como parte de una política de Estado.”
“Estos hechos criminales ocurridos en los sótanos del SIE no pueden sino probar la existencia de una política institucional de violación de los derechos humanos… había un horno para quemar personas, es horrendo”, enfatizó.
El abogado razonó que “nadie construye un horno para quemar a tres personas”, por lo que consideró que “lo más probable es que, aparte de los casos sentenciados, hoy existan lamentablemente muchos otros más.”
“Me parece que la sentencia pone en evidencia la comisión de graves crímenes sistemáticos, de evidencias criminales importantes; pero finalmente, después de más de 20 años, el sistema judicial peruano ha logrado declarar una situación y las circunstancias de la desaparición, eso ayuda a establecer la verdad”, remarcó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró en 2009 que el Estado peruano era responsable de la desaparición de Kenneth Anzualdo y ordenó que se indemnice a sus familiares y se coloque una placa en su memoria a modo de desagravio, la que finalmente se instaló en marzo de este año en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.
Tras la lectura de la sentencia, los familiares de Roca y Anzualdo manifestaron su acuerdo con la decisión judicial, aunque remarcaron que aún falta encontrar los restos de las víctimas.
Fuente: EFE
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