CONTRA EL TIEMPO. En una nueva arista del denominado caso ‘Las Gardenias’, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo presentó una acusación que apunta a cambiar el destino penal de Víctor Polay Campos. El pedido es contundente: cadena perpetua por homicidio calificado y terrorismo agravado. Además, se busca que deje atrás la comparecencia simple para afrontar 18 meses de prisión preventiva.
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El expediente toma fuerza cuando se recuerda que Polay cumple actualmente una condena de 35 años en la Base Naval del Callao, por delitos previos de terrorismo, la cual culmina el 3 de enero de 2026. Ese punto, según el Ministerio Público, incrementa el “peligro procesal” y lo coloca en un escenario cercano a la libertad, por lo que el pedido de prisión preventiva será sometido a evaluación este 26 de noviembre.
Víctor Polay Campos cumple una condena por terrorismo de 35 años de prisión efectiva que vence el 3 de enero de 2026. (Foto: TV Perú)
La Fiscalía también advirtió que Polay no cuenta con arraigo en el país. Señala, además, que los demás integrantes de la cúpula del MRTA se encuentran en el extranjero y que los bienes del acusado están embargados como resultado de sentencias previas por terrorismo. Ese conjunto de elementos refuerza el temor de fuga.
Los fiscales sustentan que la acusación no solo alcanza a Polay, sino también a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García. Para todos ellos, la solicitud es la misma: cadena perpetua como autores mediatos de graves violaciones a los derechos humanos.
POLÍTICA DE “LIMPIEZA SOCIAL”
El caso ‘Las Gardenias’ se sustenta en una secuencia de asesinatos cometidos entre 1989 y 1992 en Tarapoto, región San Martín. Según la acusación, los crímenes se ejecutaron bajo la política de “limpieza social” aprobada por el Comité Central del MRTA en agosto de 1988 y que seguía vigente, al menos, hasta julio de 1992.
De acuerdo con la Fiscalía, en mayo de 1989, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, liderado por Lino Manrique, asesinaron a ocho hombres identificados como miembros de la comunidad LGTBI dentro de la discoteca Las Gardenias. Este hecho marca el inicio del caso que hoy sostiene el nuevo requerimiento penal.
A esos homicidios se suman otros delitos: el asesinato del estilista Luis Pinchi en 1990, así como las ejecuciones de Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992. En todos los casos, la motivación señalada es la misma: la orientación sexual de las víctimas.
La Procuraduría, a su vez, solicitó que los procesados paguen S/ 3 000 000 como reparación civil solidaria a favor de los familiares de las víctimas y el Estado. El monto planteado acompaña la gravedad de los hechos descritos y forma parte del requerimiento fiscal.
AUDIENCIAS CLAVE EN NOVIEMBRE
La acusación fiscal, formalizada en agosto de 2023, también implicó pedidos previos de prisión preventiva. El juzgado competente ya ordenó medidas cautelares de 18 meses contra María Cumpa, Peter Cárdenas y Alberto Gálvez, disponiendo incluso su captura a nivel nacional e internacional.
Posteriormente, la Fiscalía formuló acusación no solo contra Polay, sino también contra Miguel Rincón Rincón y Sistero García Torres. Todos ellos enfrentan cargos por homicidio calificado y terrorismo agravado en agravio de Max Pérez Velásquez, otras víctimas y el Estado.
(Foto: Archivo Histórico El Comercio)
El 22 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de control formal de acusación. En esa diligencia, el juzgado dispuso que la Fiscalía debía absolver observaciones planteadas por las defensas en un plazo de diez días. Ese es el estado actual del trámite.
Mientras tanto, el 28 de noviembre se realizará la audiencia de control de acusación en la que se evaluarán las penas solicitadas. Apenas dos días antes, el 26 de noviembre, el juez Fernando Valdez analizará el pedido de prisión preventiva contra Polay, en una audiencia virtual de carácter inaplazable.
La Fiscalía insiste en que la comparecencia simple del acusado ya no es suficiente, señalando como aspecto central que está próximo a la libertad. A esto suma la inexistencia de arraigo y los embargos vigentes sobre sus bienes.
La audiencia del 26 de noviembre se llevará a cabo a las 9:00 a.m. y contará con la participación de la Procuraduría Especializada en Terrorismo del Ministerio del Interior. El exlíder del MRTA seguirá la sesión desde la Base Naval del Callao, donde permanece recluido desde hace años.
Así avanza uno de los capítulos más complejos en la revisión de crímenes cometidos durante los años de violencia en el país. Ahora, el Poder Judicial deberá definir si Polay afrontará este proceso en libertad o bajo prisión preventiva, a puertas de culminar su sentencia histórica.
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