Un nuevo comienzo en medio del orgullo de su pueblo nativo. Así expresó sentirse el primer fiscal de origen indígena Shipibo Konibo, Alexander Fasanando Riveiro, quien juró este miércoles en una ceremonia de nuevos fiscales adjuntos provinciales, designados en la Coordinación de la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializada en Delitos de Derechos Humanos, Interculturalidad y de Delitos de Terrorismo.
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Según el Ministerio Público, el fiscal Fasanando Riveiro es abogado por la Universidad Nacional de Ucayali. “Para mi pueblo indígena es un orgullo mi designación como fiscal, y este objetivo profesional alcanzado también va para ellos y mi familia”, sostuvo Fasanando Riveiro durante su juramentación.
En esa línea, se informó que Fasanando Riveiro formará parte del Subsistema Especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo del Ministerio Público.
Se sabe que Fasanando Riveiro realizó sus prácticas profesionales en la Cooperación Alemana al Desarrollo (Agencia de la GIZ en el Perú - ProTierras comunales). También laboró en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Zona Registral N° VI, sede Pucallpa.
Además, estuvo en la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU, a cargo del programa de defensa legal indígena. De lado, fue procurador público y secretario general de la Municipal Distrital de Honoria.
“Durante su desempeño profesional en la Sunarp - Zona Registral N° VI, sede Pucallpa, ocupó el cargo de intérprete en lenguas originarias en temas de programas de inclusión social”, destacó la Fiscalía.
Para el Ministerio Público esto es un logro, pues los pueblos indígenas constituyen una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país y la mayoría se encuentran en situaciones de pobreza.
“Es importante destacar la labor profesional que desempeñará el fiscal Alexander Fasanando, quien contribuirá a acercar los servicios del Ministerio Público a las comunidades indígenas, así como al fortalecimiento de la interculturalidad para fomentar el acceso a la justicia de los ciudadanos indígenas quienes, en su condición de defensores ambientales, son víctimas de graves atentados en contra de su vida e integridad física”, agregó la Fiscalía.
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