Ministerio del Interior quiere implementar entrega voluntaria de armas y municiones

Avelino Guillén, ministro del Interior aseguró que es necesario implementar el Programa de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones (PEVAM). Esto, con el objetivo de luchar contra la delincuencia, reduciendo la circulación del armamento ilegal en el Perú.

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“Es una prioridad continuar empoderando a la Policía Nacional del Perú (PNP), sus unidades operativas y el trabajo de inteligencia. Sin embargo, la seguridad requiere de un trabajo integral y multisectorial. Frente al delito, tiene que haber unidad nacional”, sostuvo Guillén.

El titular del Interior indicó que se trabaja “en una estrategia que genere resultados”. En esa línea, hizo hincapié en la importancia de continuar fortaleciendo la inteligencia operativa para combatir el crimen organizado.

Los tres objetivos en seguridad ciudadana

La prevención del delito, la lucha contra el crimen y la búsqueda de personas desaparecidas son tres de los objetivos a cumplir a corto plaza desde el Ministerio del Interior. La entrega voluntaria de armas, precisamente, encaja en este plan.

Guillén dio estas declaraciones en el marco de la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Seguridad Ciudadana (Conasec) que se llevó cabo en Cajamarca.

En otro pasaje de la presentación, Guillén indicó que debe consolidarse el trabajo entre la policía comunitaria y las juntas vecinales. Dijo que de esta forma se podrá prevenir que niños y adolescentes caigan en las redes de trata de personas, explotación infantil y explotación laboral.

Además, Guillén anunció la creación de una comisión multisectorial permanente para el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que funcionará como un instrumento de gestión y de mejor coordinación para la prestación de este servicio.

¿Quién es Avelino Guillén?

Avelino Guillén, abogado de 67 años, se formó como abogado en la Universidad San Martín de Porres e ingresó al Ministerio Público en 1981. En 1994 fue nombrado fiscal superior de Lima.

Cuando se desempeñó dentro del Ministerio Público, fue el fiscal adjunto que sustentó la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En el 2009, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión.

En mérito a sus intensos treinta años de lucha contra la corrupción y la impunidad, recibió en el 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.