El programa periodístico Punto Final reveló en un detallado reportaje que cisternas que debían proveer de agua a los pobladores de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, no realizaban la entrega de este recurso y, por el contrario, lo vendían usando otros camiones.
De acuerdo al citado dominical, el deplorable caso se remonta a inicio de la pandemia por COVID-19 en el Perú, cuando Sedapal firmó un acuerdo con la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí para distribuir agua potable gratis a través de 80 cisternas.
Sin embargo, los pobladores denunciaron en reiteradas ocasiones que se les cobraba por el abasto del líquido vital. “El agua viene cada 15 o 10 días, nos cobran un dinero. A cada familia nos cobran 2, 3 o 5 soles”, denunciaron los moradores.
En ese sentido, Punto Final dio seguimiento a las cisternas de agua gratuita (con el logotipo de Sedapal), las mismas que son conducidas a unos almacenes y donde se llenan los otros camiones. Todo esto se da en una zona de Jicamarca conocida como ‘La Paradita’.
Como más evidencia, otro camión - que salió de la base surtidora de Sedapal - se desvió hasta un colegio. Luego un ayudante subió y bajó la manguera de la cisterna hasta introducirla en un agujero.
Testimonios encubiertos revelaron a Punto Final que el agua gratuita, aparte de ser vendida, también es dirigida para piscinas privadas, jardines y otras actividades no contempladas para el uso del líquido vital.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se pronunció tras la denuncia y, en un comunicado, señaló que fue por iniciativa propia la distribución de agua a zonas vulnerables durante la pandemia de COVID-19, mediante la firma de un acta con municipalidades, a quienes atribuye la responsabilidad de la entrega del líquido.
“En al acta que se firmó con las municipalidades, se establece claramente la responsabilidad de los municipios en la distribución de agua a la población, así como planificar cuándo, cómo y a qué zonas se abastecerá”, precisa Sedapal
“Condenamos y repudiamos los actos irregulares y de mala fe, evidenciados en el reportaje. Iniciaremos las acciones legales y penales para que se castigue con todo el peso de la ley a los inescrupulosos que han destinado el agua gratuita de la población para otros fines”, agrega.
Con esto, la empresa estatal descartó algún tipo de responsabilidad. También afirmó haber aplicado diversas sanciones, retirado e inhabilitado a una de las empresas que prestaron el servicio para la distribución gratuita de agua.
Asimismo, remarcaron que se va a implementar un aplicativo móvil y un dispositivo GPS para los camiones y así fortalecer la vigilancia y el monitoreo de los cisternas. Este nuevo sistema se destinará a la flota de cisternas que recorren las zonas sin servicio en los 25 distritos de Lima y Callao.
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