Policías de la Dircote, encabezados por el general PNP Óscar Arriola, titular de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, intervinieron esta mañana el local partidario de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina del Perú (CCP), ambos ubicados en el óvalo Bolognesi, en el Cercado de Lima, en los cuales se halló una gran cantidad de machetes, pasamontañas, encendedores, carteles y publicidad alusiva a las manifestaciones antigubernamentales.
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“Dentro de los 20 mil vándalos infiltrados en las marchas hemos detectado excarcelados por el delito por terrorismo. Los que colocaron coches bomba, los que asesinaron, en estos momentos, se encuentran en las calles”, sostuvo el general Arriola en declaraciones a Radio Nacional.
Al menos 50 agentes y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar en búsqueda de manifestantes que llegaron a la capital desde distintos puntos del país para protestar en contra del Congreso y exigir adelanto de elecciones. También se allanó, en la misma zona, el local de la casa de la Nueva Constituyente, donde el congresista Guillermo Bermejo se reúne con partidarios que debaten sobre los mecanismos para redactar una nueva Carta Magna que viene siendo impulsada por la izquierda.
“El diálogo según la usurpadora Boluarte: allanar el Local de la Casa de la Nueva Constituyente. El terruqueo pasa de las palabras a los abusos”, escribió Bermejo en su cuenta de Twitter.
Hasta el momento, los agentes policiales han detenido a 22 personas. De este grupo, 12 habrían llegado a la capital desde Apurímac, la tierra natal de la presidenta Boluarte. Mientras los otros diez llegaron desde los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
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Hasta el lugar llegaron las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) , quien solicitaron la presencia de abogados ante cualquier acción que afecten a los dirigentes sociales que llegaron a Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte.
“No permitiremos derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación de derechos debe estar vinculado a un delito no a hipótesis no a sospechas”, indicó Luque.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también condenó este acto. “La Policía impide acceso de abogados a detenidos en local de la Confederación Campesina del Perú. Dina Boluarte, en un estado democrático debe garantizarse el derecho a la defensa”, escribieron en twitter.
Mientras tanto, la excandidata presidencial Verónika Mendoza, líder del partido Nuevo Perú, cuestionó la legalidad del allanamiento y recalcó que el derecho a la protesta sigue vigente, pese a la declaración de estado de emergencia.
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