A solo un día de que se celebre en todo el país el ‘Día del Maestro’, el Ministerio Público inició las diligencias en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla como parte de la investigación contra 7 docentes que habrían falsificado títulos para beneficiarse con la adjudicación de contratos con el Estado.
Mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía Penal de Ventanilla informó que ya solicitó los documentos de los maestros a la UGEL chalaca.
También solicitó los legajos personales de los imputados, el detalle de la convocatoria y la adjudicación las plazas.
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Los docentes son investigados por los delitos de falsificación de documentos públicos y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROFESORES ‘BAMBA’?
Al menos siete profesores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ventanilla presentaron títulos falsos para trabajar como docentes contratados en instituciones educativas de Pachacútec, Ventanilla y Mi Perú en el Callao.
Según una investigación presentada en el programa ‘Punto final’, estos seudoprofesores presentaron títulos y diplomas falsos usando nombres de diversos institutos de Lima. Los siete involucrados tienen contratos anuales desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de este año.
Según mencionó el reportaje, a pesar de haber encontrado siete casos, se estima que estos serían más de 50 y, teniendo en cuenta todas las UGEL del Perú, aún más.
Fiscalía Penal realizó diligencias para recabar documentos en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla.
Julio César Castillo, director de la UGEL Ventanilla, indicó en una entrevista con el diario ‘El Comercio’ que estos profesores ya no volverán a las aulas y serán inhabilitados. Asimismo, se les comenzará un proceso administrativo y se comunicará ante la Fiscalía para que se inicien acciones penales.
Además, explicó que, hasta el momento, no se conocen más casos; pero la Contraloría iniciará una investigación y fiscalización de todos los profesores contratados y nombrados en 2022 y 2023.
En esa línea, el Ministerio de Educación (Minedu) comunicó que los hechos suscitados constituyen un delito que amerita la inmediata intervención de la Fiscalía, así como las sanciones administrativas que corresponden en cada caso.
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