La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, consideró que el mandatario Pedro Castillo va perdiendo legitimidad poco a poco debido a las decisiones que ha tomado y las repercusiones que han tenido en el país. En esa línea, dijo que el jefe de Estado debe hacer una autocrítica y hacer un cambio en su gestión.
En declaraciones al diario Correo, explicó que el Congreso cuenta con mecanismos de control político diferentes a la vacancia por incapacidad moral.
“¿Qué escenario es el que veo? Veo un presidente con una legitimidad que, poco a poco, va perdiendo. Veo un clima de inestabilidad política a consecuencia de ello. Esto afecta también los ámbitos económico y social porque los ciudadanos no tenemos claro cuál es el camino, ¿si vamos a seguir con este presidente o no? Pienso que el presidente tiene que hacer una autocrítica de la gestión que está haciendo y lo que está generando. Hay que recordar que frente a una acción hay una reacción. El tema de la vacancia está justificado también en motivaciones y actuaciones que, voluntaria o involuntariamente, se prestan para argumentar la necesidad del retirarlo del cargo, ¿no?”, afirmó.
“Lo que me preocupa es que perviertan figuras como la de vacancia y no se utilicen los caminos constitucionales de los que perfectamente puede hacer uso el Congreso de manera limpia, sin mayores dudas acerca de qué es vacancia y qué no lo es, y se proceda al retiro o no del presidente, según las circunstancias”, agregó.
En el caso de las denuncias que existen sobre Castillo Terrones, Ledesma Narváez detalló el procedimiento que puede seguir el Congreso para dar trámite a una eventual denuncia constitucional que podría llevar a su destitución e inhabilitación de la función pública.
“La idea es que el Ministerio Público puede formular ante la Comisión Permanente los cargos por la comisión de un delito. Según los mecanismos constitucionales, la Comisión Permanente puede acusar al presidente ante el Congreso por dos causales, por delitos o por infracción a la Constitución, que es otra alternativa (…) Luego, ante esa acusación de la Comisión Permanente, el Congreso toma la decisión de suspender al presidente e inhabilitarlo por diez años en el ejercicio público o destituirlo de su función. Son alternativas que se pueden manejar y van a ser más claras, más legítimas”, refirió.
En una reciente entrevista a Exitosa, Ledesma había señalado que no hay un criterio claro sobre lo que se entiende por incapacidad moral permanente, pues en su momento el Tribunal no estableció una forma precisa en la que esto debe aplicarse.
“No hay una interpretación de qué se entiende por incapacidad moral, es un fórmula abierta, hubiera sido interesante que el Tribunal se pronuncie, pero hay un vacío y al haber un vacío se presta para interpretaciones”, dijo a Exitosa el 22 de diciembre.
“Ese es un pasivo de la institución (el TC), cuatro magistrados dijeron que ya no cabía pronunciarse y tres sí le dimos un contenido, pero acá las decisiones se toman por mayoría”, agregó.