La escena en Playa Los Lobos, en Cerro Azul, volvió a encender los ánimos entre vecinos, autoridades y el polémico empresario Zamir Villaverde García, vinculado al gobierno de Pedro Castillo. Miembros del Poder Judicial, acompañados por agentes de la Policía Nacional, ejecutaron la orden del Tribunal Constitucional de retirar los portones y muros que bloqueaban el paso hacia el balneario. La infraestructura, instalada por la empresa Villaverde Company SAC, impedía desde hace años el libre tránsito de residentes y visitantes.
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La diligencia se desarrolló al mediodía del viernes 5 de diciembre, cuando los operarios comenzaron a desmontar las estructuras metálicas y de concreto levantadas en el condominio ubicado en el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur. La medida respondía a un habeas corpus presentado por pobladores de Cerro Azul, quienes denunciaron la afectación de sus derechos fundamentales.
Las autoridades judiciales reiteraron que el fallo del TC es vinculante y debía cumplirse sin condiciones. Para los vecinos, representó un triunfo luego de cinco años de litigio y tensión constante en torno al condominio Los Delfines, construido por Villaverde tras adquirir hectáreas en la zona.
En pleno operativo, Villaverde mostró su rechazo. Cuestionó la diligencia, denunció presuntas inconsistencias en la ubicación del inmueble y lanzó acusaciones contra las autoridades y el Tribunal Constitucional.
CONFLICTO QUE ESCALÓ POR AÑOS
El enfrentamiento no surgió de la nada. Según los vecinos, la instalación de portones y cercos en la zona dejó sin acceso a sus propiedades a familias que habían vivido más de dos décadas allí. Incluso mencionaron casos en los que, supuestamente, se les habría exigido pagos para permitirles ingresar a sus propias casas de playa.
La convivencia en el área se volvió insostenible. Hubo denuncias de extorsión, restricciones arbitrarias y tensos intercambios que mantuvieron dividida a la comunidad. Las estructuras retiradas este viernes ya habían protagonizado una primera diligencia el 26 de noviembre, que no pudo concretarse debido a la resistencia de los ocupantes y obstáculos en el campo.
Con la sentencia del TC, los portones debían desaparecer definitivamente. En el reciente operativo incluso fue detenido un agente de seguridad privado por enfrentarse a los funcionarios encargados de ejecutar la medida.
Villaverde, indignado, acusó a los magistrados del TC de haber emitido una sentencia “ilegal, inconstitucional e inejecutable”. También los vinculó, sin pruebas, a presuntas organizaciones criminales, y anunció que iniciaría acciones legales contra jueces, abogados y autoridades locales involucradas.
Zamir Villaverde y el presidente Pedro Castillo. (Facebook)
AMENAZAS, DENUNCIAS Y UNA LARGA HISTORIA JUDICIAL
Las frases del empresario encendieron aún más el ambiente. “Yo me voy a encargar de meterlos presos”, advirtió frente a cámaras, dirigiéndose a los miembros del Tribunal Constitucional y a la jueza Nilda Roque Gutiérrez, a quien acusó de prevaricato y usurpación. La magistrada respondió que el empresario estaba en su derecho de denunciar, pero que la resolución debía cumplirse sin discusión.
La mañana avanzó entre gritos, discusiones y el sonido de las herramientas retirando los muros. Para los afectados, la jornada significó recuperar el acceso a sus viviendas y la esperanza de dejar atrás un conflicto que marcó su día a día durante más de un lustro.
El nombre de Zamir Villaverde vuelve así al centro del debate público, no por el caso Puente Tarata —en el que fue investigado por lavado de activos y señalado como operador del expresidente Pedro Castillo— sino por un nuevo capítulo de enfrentamientos vecinales y resoluciones judiciales.
Los antecedentes del empresario incluyen denuncias por hurto agravado, restricciones de acceso en sus propiedades, investigaciones fiscales y antecedentes penales que se remontan a su expulsión de la Fuerza Aérea en 1999, además de condenas por asalto y robo en 2007 y 2009.
Mientras los operarios completaban el retiro de las estructuras, los vecinos de Playa Los Lobos afirmaban que, tras la sentencia, esperan recuperar la paz y la tranquilidad que este balneario siempre ofreció. Para ellos, el caso es un recordatorio de la importancia del libre tránsito y de la defensa de los derechos ciudadanos frente a abusos que, aseguran, nunca debieron ocurrir.
Con el acceso liberado, el balneario de Cerro Azul intenta volver a la normalidad, aunque el eco del conflicto promete seguir resonando en los próximos días.
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