Si la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas diera un premio Oscar al papel del actor más cínico y descarado, el domingo Vladimir Cerrón se hubiera alzado, de lejos y sin rivales, con la estatuilla dorada. Su desfachatez no tiene comparación: la semana pasada dijo, a través de su abogado Humberto Abanto, que el Estado lo obligó a fugarse.
Como se sabe, Cerrón ha presentado un recurso de habeas corpus pidiendo al Tribunal Constitucional (TC) que anule la orden de prisión preventiva dictada en su contra por los aportes ilícitos a su partido Perú Libre, en las elecciones del año 2021.
Los argumentos de Cerrón, quien se encuentra prófugo desde octubre del 2023, son una burla para los peruanos. Afirma que se fugó porque el fallo que ordenó su prisión era arbitrario. Iba a privarlo de su libertad, por lo tanto, ejerció su derecho a la desobediencia y se esfumó.
Entonces, bajo su lógica, todas las personas que reciben sentencias en su contra —pueden ser delincuentes, secuestradores, funcionarios corruptos— tienen toda la libertad de burlarse de las órdenes judiciales y fugarse.
Cerrón, fiel a su ideología comunista, es el dueño de la verdad. Él discierne qué es justo y qué no. No cree en las instancias judiciales, a donde recurre y reclama todo ciudadano que se considera injustamente sentenciado.
Allí están los casos de Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala, quienes cumplieron con su obligación jurídica y acataron las prisiones preventivas que se dictaron contra ellos.
En el colmo de su frescura, Cerrón pide que se anule el pedido de prisión para poder competir en igualdad de condiciones con los candidatos presidenciales en las elecciones de abril. Los culpables de esa ‘desigualdad’ son sus propios partidarios que lo eligieron y postularon a la Presidencia a sabiendas que estaba prófugo.
Lo alarmante es que, según se ha conocido, el TC aceptaría su recurso y Cerrón —que se ha estado burlando grotescamente de la justicia— volvería a la escena política como si nada hubiera pasado. Abundan varios indicios. El más grave es la celeridad meteórica para que se debatiera su caso. El expediente judicial de Cerrón llegó el 4 de febrero al TC. Allí, sin mediar mayor trámite, se fijó la audiencia para 20 días después.
Se trata de un claro favoritismo, pues recursos similares presentados desde hace varios años duermen el sueño de los justos. Este año, al TC han ingresado 171 expedientes de habeas corpus, el único que se ha visto es el de Cerrón.
Por si fuera poco, el ponente de su solicitud es el magistrado Pedro Hernández Chávez, quien también lo fue en dos anteriores reclamos, en uno de los cuales fue favorecido. El ponente es el que estudia el expediente, redacta el proyecto de la sentencia y propone el fallo para la votación respectiva.
Los magistrados del TC se juegan su prestigio. Sus veredictos personales quedarán registrados en la historia como deshonrosos o ejemplares. Nos vemos el otro martes.
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