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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó este viernes el pedido del Ministerio Público para dictar 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.
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El juez John Pillaca desestimó los argumentos de la Fiscalía al asegurar que el arraigo domiciliario y familiar de Cerrón Rojas está acreditado.
Asimismo, el magistrado señala que son “conjeturas y no hechos” las posibilidades de que el exgobernador regional de Junín solicite asilo político.
No obstante, el juez le impuso a Vladimir Cerrón diversas reglas de conducta, como no ausentarse del lugar de residencia, prohibición de comunicarse con su coimputados, asistir al control para el registro correspondiente cada 30 días, entre otras.
En caso de no cumplir con dichas medidas, se revocará la comparecencia con restricciones. El exgobernador regional de Junín también deberá pagar una caución de 20 mil soles en un plazo máximo de 10 días.
Según la tesis fiscal, Cerrón Rojas habría ingresado dinero de origen ilegal a su organización política en el marco de la última campaña electoral general.
En ese marco, el exgobernador habría cometido actos de “ocultamiento de dinero presuntamente ilícito”, a través de seis depósitos hechos por Mori Sánchez y uno por el ciudadano Marcos Espinosa Espinosa.
El lunes 14, en la primera de las sesiones, el representante del Ministerio Público señaló que Vladimir Cerrón usó la “fachada” del partido Perú Libre para ingresar dinero sucio.
Además, las autoridades consideran que existe peligro procesa, dado que Cerrón “viene realizando llamadas a las personas que son citadas por la fiscalía, días antes o después de que declaren, y que si no cumplían sus órdenes, les reclamaba o los amenazaba, pues para él todas las personas ligadas a Perú Libre deben rendirle cuentas y avisarle que han sido citadas por la fiscalía”.
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