El Tribunal Constitucional (TC) tomó una decisión que marca un antes y un después en la relación de poderes: declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo y ordenó que se suspendan todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su gestión en julio de 2026.
De esta forma, procesos sensibles como las muertes ocurridas durante las protestas, el llamado ‘caso Rolex’ o el ‘caso cofre’, deberán esperar hasta que Boluarte deje el cargo. La sentencia precisa que los expedientes no se anulan, sino que se “congelan” hasta que la mandataria termine su mandato.
El magistrado Pedro Hernández Chávez fue el encargado de elaborar el informe aprobado por el pleno del TC. En sus argumentos, sostuvo que las pesquisas fiscales y las resoluciones judiciales que las avalaron vulneraban el artículo 117 de la Constitución, que establece los casos específicos por los que un presidente en funciones puede ser acusado.
“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, se lee en el fallo.
La decisión no ha dejado indiferente a nadie. Para algunos, como el constitucionalista Natale Amprimo, el fallo respeta la letra de la Constitución y asegura que no se debilite la investidura presidencial con investigaciones que podrían tener un trasfondo político. En esa misma línea, el expresidente del TC Ernesto Álvarez destacó que el fallo busca un equilibrio entre proteger al jefe de Estado y no perder indicios relevantes para los procesos.
Sin embargo, otras voces han sido duras con el fallo. Marianella Ledesma, expresidenta del mismo tribunal, advirtió que este blindaje abre las puertas a la impunidad. A su juicio, postergar las diligencias puede significar pérdida de pruebas clave, debilitando la lucha contra la corrupción y dejando sin respuesta a las víctimas de las protestas.
El fallo también cuestiona la actuación del Ministerio Público. El TC señaló que la Fiscalía, durante años, había mantenido la posición institucional de que no se podía investigar a un presidente en funciones. Sin embargo, esa línea cambió recientemente con la llegada de nuevas autoridades, lo que para el TC no tuvo la motivación suficiente.
La mandataria, por ahora, recibe un respiro en medio de las investigaciones que la acechaban. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué ocurrirá con las pruebas, los testigos y la memoria de los casos cuando recién se retomen en 2026?
En el terreno político, la decisión del TC refuerza la posición del Ejecutivo frente a sus opositores en el Congreso, muchos de los cuales venían presionando para acelerar investigaciones que podrían abrir la puerta a una vacancia presidencial.
El ciudadano de a pie, en tanto, asiste a un nuevo capítulo de la eterna tensión entre justicia y poder. La sentencia del TC, aunque sustentada en la Constitución, vuelve a mostrar una grieta en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el más alto nivel del Estado.
Contenido GEC