El Tribunal Constitucional (TC) encendió una tormenta política y judicial al ordenar la inmediata liberación de Betssy Chávez, la expremier de Pedro Castillo, quien estuvo más de ocho días detenida sin mandato vigente. La resolución calificó su encarcelamiento como una “detención arbitraria” producto de la falta de diligencia del Ministerio Público y el Poder Judicial.
El fallo se dio tras declarar fundado el recurso de hábeas corpus presentado por su abogado, Raúl Noblecilla, contra la resolución que había validado la prolongación de su prisión preventiva. Según el TC, la Fiscalía pidió extender la medida solo un día antes de su vencimiento y el juez la resolvió cuando el plazo ya había caducado.
Los magistrados fueron categóricos: “No cabe sacrificar la libertad de una persona por demoras administrativas o logísticas del sistema de justicia”. En otras palabras, Chávez debió ser excarcelada el mismo 19 de diciembre de 2024, fecha en que venció la prisión preventiva inicial de 18 meses.
El documento subraya que la ex primera ministra estuvo ocho días detenida sin orden judicial vigente, del 20 al 27 de diciembre, y que esa situación no puede justificarse con el posterior otorgamiento de la prolongación por 15 meses más. “Este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana”, señala el fallo.
La ponencia, a cargo del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, fue respaldada por Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández. En contra votaron la presidenta del TC, Luz Pacheco, y el magistrado Manuel Monteagudo.
El TC también cuestionó duramente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por haber programado la audiencia de prolongación sacrificando la libertad de Chávez. Según el tribunal, el juez Juan Carlos Checkley debió ordenar primero su liberación y recién luego evaluar el pedido fiscal.
La decisión del TC no significa que Chávez esté libre de cargos. La exfuncionaria afrontará en libertad el juicio por el presunto delito de rebelión, tras el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El propio fallo ordena que el juez Checkley convoque nuevamente a una audiencia para evaluar la prolongación de prisión preventiva, esta vez con la exministra en libertad. Todo apunta a que el magistrado podría dictar nuevamente la medida restrictiva, considerando los antecedentes de riesgo de fuga.
Cabe recordar que, según la Fiscalía, Chávez intentó dirigirse a la Embajada de México el mismo día del fallido golpe, lo que demuestra –a criterio de los investigadores– que buscaba asilo para escapar de la justicia.
Tras conocerse la sentencia, el congresista Roberto Sánchez acudió al penal para acompañar la excarcelación de su excolega y no perdió la ocasión de tomarse una selfie con ella, gesto que rápidamente encendió las redes sociales.
Durante su reclusión, Chávez protagonizó varios episodios de confrontación: realizó una huelga de hambre y denunció maltratos dentro del penal. El INPE, sin embargo, negó irregularidades en su tratamiento.
El caso de Betssy Chávez, más allá de sus connotaciones políticas, revela otra grave falla del sistema de justicia: la incapacidad para garantizar que la restricción de libertad de una persona se ajuste estrictamente a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.
El desenlace de este proceso, que sigue abierto, marcará un precedente sobre el respeto a los derechos fundamentales frente a la actuación tardía de fiscales y jueces.
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