Los brazos de la temible banda criminal ‘Tren de Aragua’ parecen expandirse por todos lados. No solo están dominando todas las zonas de Lima y distintas regiones del Perú sino que sus tentáculos han llegado hasta la misma sede del Congreso de la República, donde un trabajador ha comenzado a recibir amenazas de muerte de presuntos integrantes de esta organización.
Según un informe del diario ‘Perú21′, la pesadilla de este funcionario comenzó el pasado 6 de mayo del 2023, cuando comenzó a recibir amenazas al número 924577775, el cual está asignado desde hace años al Congreso de la República.
Desde la 6:55 de la mañana de aquel día comenzó a recibir constantes llamadas y videollamadas del número +573177500992, con código de Colombia. También mensajes de texto y fotos.
La persona que llamaba y enviaba audios, con acento venezolano, se identificó como miembro del ‘Tren de Aragua’. “Mi nombre. Es Kelvin Ruiz… Te voy adar mucho plomo… Tu Cres. Que. La vaina. Es unjuego vas haber. Que no. Vs haber. Que ya te vamos. Allegar. Atiende esa mamaguevada. Es. El tren de aragua. Es el tren de aragua (sic)”, se lee en uno de los mensajes de WhatsApp.
El trabajador, quien pidió no ser identificado por seguridad, labora en el Parlamento desde el 2007 y actualmente integra el área técnica de la oficina de Participación Ciudadana, responsabilidad de la Primera Vicepresidencia de la República, a cargo de la legisladora Martha Moyano.
“Nunca me pidieron dinero, solo me dijeron que me iban a matar”, recuerda el funcionario.
La labor del denunciante implica lidiar con el personal diariamente y hace cuatro semanas un grupo de trabajadores le lanzaron una amenaza velada.
“¿Por qué esperamos hasta el 26 de julio si ahorita está solo?”, fue la frase que le dijeron, según su testimonio.
Ante la llegada de mensajes amenazadores, decidió solicitar el cambio de número celular. Y también fue a denunciar el hecho ante la Fiscalía el mismo día que ocurrió. Rindió su manifestación ante el oficial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri.
La Policía lo tipificó como extorsión y las investigaciones preliminares han empezado luego de unos 20 días.
Karina Beteta, Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, confirmó que el caso estaba en investigación. Ésta se lleva a cabo actualmente en la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.
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