La gran vida que se da la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en su casa de playa de Lurín no solo es un insulto al país. Se trata de la mejor evidencia de la poca efectividad de los fiscales y el juez que tienen a su cargo el caso Lava Jato, de las corruptas empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Ya desde el año pasado corría el rumor que Villarán se paseaba oronda por el balneario, compraba flores en el mercado y armaba jaranas en la terraza de su vivienda. Eran dichos nada más, hasta que el programa ‘Panorama’ la ampayó dándose un refrescante chapuzón en su piscina.
Resulta escandalosa la pasividad con que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez han tratado a la exfundadora del Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG que hace una abierta defensa de ambos.
Lo mismo ocurre con el juez Jorge Chávez Tamariz, quien, desde mayo del año pasado, tiene encarpetada la denuncia contra la exburgomaestre. La esposa de Tamariz, por cierto, es subalterna del hoy suspendido fiscal Rafael Vela.
El común de los ciudadanos se pregunta cómo es posible que Villarán se permita esa vida, cuando las acusaciones contra ella son gravísimas. No les falta razón: en el caso Lava Jato, Susana Villarán es ¡la única autoridad que ha admitido públicamente haber recibido dinero de las empresas OAS y Odebrecht! En total fueron US$11′293.816,60.
Se trataron de aportes prohibidos para la campaña por el ‘No’ a su revocatoria como alcaldesa y sobornos para la concesión de dos obras públicas, que tienen que ver con los peajes lesivos que pagan los ciudadanos de la ciudad.
Hasta hoy recuerdo, como si fuera ayer, cuando en radio Exitosa ella confesó: “Siempre supe de los aportes de empresas por el ‘no’ a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. (…) Y yo cometí un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña”.
No se trató de un arrepentimiento voluntario, sino que se enteró de que su socio, José Miguel Castro, se había acogido a la colaboración eficaz y la había delatado. ¿Quién de la fiscalía de José Domingo Pérez le dio ese dato?
Villarán fue enviada a prisión, pero allí estuvo poco tiempo. Aprovechó la crisis de la pandemia para salir en libertad, aduciendo problemas de salud. Los fiscales guardaron silencio complaciente.
Recién la semana pasada, luego del escándalo del piscinazo, reaccionaron, pero con una benevolencia a prueba de balas. Solicitaron que se le imponga una “llamada de atención”, por no haber cumplido con su control virtual en noviembre del año pasado. Qué tal raza. El jueves 14 de marzo, el juez Jorge Chávez Tamariz, el mismo que tiene encarpetado su caso, decidirá la sanción. ¿Hasta cuándo blindarán a la ‘Tía regia’? Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
MÁS INFORMACIÓN:
- Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó debatir un nuevo retiro de la AFP
- Alberto Otárola: Gobierno dispone retorno anticipado del primer ministro desde Canadá tras difusión de audios comprometedores
- Alberto Otárola | Revelan audio del primer ministro en el que llama ‘amor’ a Yaziré Pinedo: “Mándame tu CV” [VIDEO]
