¡No se escapa! El Poder Judicial ordenó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el marco del caso Lava Jato. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez.
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El Ministerio Público argumentó que existe un riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso penal, ya que Villarán aún no ha sido juzgada, a pesar de haber estado bajo prisión preventiva entre 2020 y 2021.
Durante la audiencia judicial, Villarán aseguró que no tiene intención de salir del país y aceptó la medida impuesta. “Ni voy a huir ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, estoy prácticamente en mi domicilio legal todo el tiempo”, señaló la exburgomaestre, quien participó de forma virtual.
Villarán también criticó que se mencionara la reciente muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro, como argumento para imponer restricciones adicionales. “Que deslicen que yo constituya un riesgo. ¿Por qué no lo dicen claramente?”, cuestionó indignada.
MILLONARIOS APORTES Y FAVORES EN INVESTIGACIÓN
La exalcaldesa es investigada por haber recibido más de 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña del ‘No’ a la revocatoria en 2013 y su intento de reelección en 2014. Según la Fiscalía, estos aportes no fueron declarados y habrían sido compensados con decisiones que favorecieron a las empresas, como la firma de la adenda de Línea Amarilla y la cancelación del proyecto Río Verde.
Ambas acciones son consideradas clave en la tesis fiscal que busca probar el presunto lavado de activos durante su gestión al frente de la Municipalidad de Lima.
La medida de impedimento de salida, que ya fue notificada a Migraciones, tiene como objetivo asegurar la presencia de Villarán en el juicio oral programado para el 23 de septiembre. La Fiscalía ha solicitado 29 años de prisión en su contra.
Sin embargo, no todas las pretensiones fiscales fueron aceptadas. El juez Chávez Tamariz rechazó el pedido para que Villarán no pueda comunicarse con testigos, peritos o coacusados, debido a que las restricciones impuestas en 2022 ya caducaron y cualquier nuevo impedimento deberá ser tramitado por otra vía legal.
José Miguel Castro fue funcionario de la gestión de Susana Villarán en Lima. (Foto: Archivo El Comercio)
BAJO LA SOMBRA DE UNA MUERTE
Susana Villarán es una de las figuras políticas más representativas involucradas en el escándalo Lava Jato en Perú, que también incluye a varios expresidentes y exfuncionarios. Aunque ha reconocido haber recibido aportes de campaña, niega haber cometido delitos.
Días atrás la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo que teme ser acusada por la muerte de quien fue su gerente general en la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro.
“Un grupo de ”La Resistencia" están en las afueras de mi hogar y lanzando arengas y gritos violentos, llamándome asesina y, realmente, infundiendo temor, que es lo que quieren... Temo que me acusen de asesinato”, dijo en RPP.
Como se recuerda, el exfuncionario y amigo de confianza fue hallado muerto, en circunstancias violentas, en su departamento, el último 29 de junio.
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