Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, accedió al pedido de la Fiscalía sobre la prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el pago de sobornos y la trama de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Ellos tendrán que cumplir 30 meses que inician desde el 7 de julio.

La medida alcanza también a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia, expresidente y exdirector del Fondo Mivivienda, respectivamente.

El juez Raúl Justiniano consideró que Sada Goray no tiene un arraigo domiciliario de calidad y concluyó que “no tendría arraigo domiciliario, familiar, de negocios, tendría facilidades para escapar del país, existe gravedad de la posible sanción que se le pueda imponer y podría influenciar para que sus coinvestigados puedan declarar en forma distinta”.

En cuanto a Mauricio Fernandini, determinó que no tiene arraigo laboral y que existe riesgo de que obstaculice la investigación, en la medida de “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar documentos de prueba respecto a los bienes con los que cuenta o contaba”. Esto en relación a sus trámites para desprenderse de bienes en favor de su hermana.

El magistrado también determinó que los cuatro investigados también cumplían el segundo requisito: que la posible pena a recibir sea mayor a cuatro años. A los cuatro se les imputa colusión, que es sancionable con al menos 15 años de prisión.

INFORMACIÓN PREVIA

Durante dos semanas, el fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de lucha contra la corrupción en el poder, sustentó sus argumentos contra Goray, Fernandini, así como contra Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia, expresidente y exdirector del Fondo MiVivienda, respectivamente.

Su pedido de prisión preventiva también alcanza a Luis Mesones Odar, ex gerente general de Marka Group. Sin embargo, el juez no evalúa su caso porque se encuentra prófugo de la justicia.

Los sobornos entregados por la empresaria (US$5,4 millones y US$21 mil) sirvieron para que ella pueda designar a personas de confianza en puestos claves del Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y otras instituciones a fin de ser beneficiada con los proyectos de su empresa Marka Group.

Además, la fiscalía considera que “el dinero otorgado” por Sada Goray al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y a su exasesor Salatiel Marrufo “sirvió como fuente de financiamiento” de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo.

¿POR QUÉ SE LES IMPUSO 30 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA?

¿Cuáles son los elementos claves que han provocado que el Poder Judicial acepte el pedido del Ministerio Público de 30 meses de prisión preventiva contra ambos?

5.4 MILLONES DE SOLES EN COIMAS

Entre setiembre de 2021 y junio de 2022, Goray entregó S/5,4 millones como sobornos a la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Castillo. Marrufo, en su declaración como colaborador eficaz ante el Ministerio Público, relató que la empresaria le entregó este dinero en 11 armadas a lo largo del referido tiempo.

El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, considera que los pagos de Goray a la organización criminal fueron efectuados “de manera sistemática”. Agrega que la empresaria recibió a cambio beneficios para participar en proyectos del Fondo MiVivienda y colocar a allegados en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entre otras instituciones.

“CONTROL TOTAL” DEL FONDO MIVIVIENDA

De acuerdo al testimonio colaborador eficaz N°09-2023 ante el Ministerio Público, Salatiel Marrufo le dijo a Goray que para que ella “tenga el control total y el manejo” del FMV tenía que cambiar a los directores y que esto “le costaría S/5 millones”.

Unas semanas después de este encuentro, exactamente el 29 de setiembre de 2021, se acordó nombrar a Pedro Arroyo Marquina como presidente del Fondo MiVivienda y a Roger Gavidia Johanson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores de la referida institución. Los tres por recomendación de la empresaria.

El colaborador eficaz N°09-2023, en la declaración que dio al Ministerio Público el 22 de marzo último, dijo que las personas elegidas por Goray para integrar el directorio del Fondo MiVivienda “estaban estrechamente ligadas con ella y con sus socios financistas para que puedan favorecerla en los procedimientos administrativos” en esa institución.

RETIROS ILÍCITOS

El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder identificó que Goray retiró de manera “ilícita” más de S/2,7 millones del BBVA, entre setiembre del 2021 y junio del 2022. Este dinero corresponde a los intereses generados con dinero que provino “de las arcas del Estado” y que fue trasladado a los fideicomisos para la ejecución de cinco proyectos respaldados por el Fondo MiVivienda (FMV), otorgados a Marka Group.

Los retiros se hicieron hasta el 2 de diciembre último, es decir hasta cinco días antes de que Castillo Terrones diera un golpe de Estado en televisión nacional.

COACCIÓN EN LA SBN

De acuerdo al Ministerio Público, entre julio y diciembre del 2021, Goray tuvo dos reveses en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), cuando esta institución declaró improcedente su solicitud para rectificar “áreas, linderos y medidas perimétricas del predio estatal inscrito en la partida registral N°49059060, por encontrarse ‘supuestamente’ superpuestos con su predio ubicado en el distrito de Chilca”.

En este escenario, el 9 de marzo del 2022, la empresaria interpuso un recurso de nulidad a todo lo decidido.

Antes de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales resuelva, Cynthia Rudas Murga, en su condición de superintendente de la SBN, convocó a William de la Vega Villanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, “para coaccionarlo”, a fin de que resuelva a favor de la representante de Marka Group.

INFLUENCIA EN SEDAPAL

Los intereses de Goray no se limitaron al FMV y a la SBN, según el Ministerio Público. La investigada empresaria también logró colocar a su exesposo, Luis Mesones Odar, como miembro del directorio de Sedapal con el objetivo de verse favorecida en esta otra entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), de acuerdo a la declaración de un colaborador eficaz.