La congresista Sigrid Bazán planteó a inicios de mes un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia que regula la suspensión perfecta de labores, modalidad implementada en el marco de la pandemia. No obstante, dicha iniciativa legislativa no se ha eximido de cuestionamientos de diferentes sectores.
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La iniciativa presentada por la bancada de Juntos por el Perú no sería retroactiva y ha recibido críticas dado que, para muchos, esta derogatoria podría llevar a la liquidación a empresas aún paralizadas, como algunas del sector de entretenimientos y servicios.
Este aspecto fue abarcado por la abogada Rosa María Palacios en el noticiero de Radio Santa Rosa, en el cual tuvo duros calificativos al citado proyecto legislativo, al considerar que no tiene un verdadero análisis costo-beneficio del impacto que podría tener en nuestra economía.
“(…) Discúlpame Sigrid Bazán, pero ese proyecto es una porquería, es pésimo. ¡Qué bestia!, ¡qué vergüenza! Tantos años de universidad para producir eso. Además con foto, con Twitter. No tiene análisis costo-beneficio, porque si lo tuviera no presentaría el proyecto. Este proyecto es impagable para nosotros como sociedad”, señaló la conductora.
Ante ello, Sigrid Bazán se pronunció por los comentarios sobre su iniciativa legislativa y señaló que es “fácil para personas como Rosa María Palacios” criticar este proyecto que vela por los trabajadores desfavorecidos ante las empresas.
“Qué fácil se ha convertido en nuestro país el dejarle de pagar a los trabajadores. Igual de fácil es para personas como Rosa María Palacios, Carlos Bruce, etc. el criticar cualquier proyecto que busque defender a los que más la han sufrido en esta pandemia”, publicó.
Esta modalidad de suspensión perfecta de labores implementada para mitigar los efectos económicos en empleadores a causa de la pandemia de la COVID-19 implica suspender de manera temporal los contratos de trabajo del personal. Con ello, no existe obligación del empleador de pagar las remuneraciones, ni del trabajador de prestar servicios.
Dicha modalidad fue ampliada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) hasta el 2 de octubre. Hasta abril, se había contabilizado unas 32,000 empresas que habían hecho efectiva esta medida, con lo cual habían 303,194 trabajadores cuyos contratos estaban suspendidos.
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