Una presunta recaudación paralela de fondos para financiar la impugnación de actas electorales tras la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026 puso bajo la lupa a Juntos por el Perú (JP). Chats de WhatsApp, testimonios de dirigentes y comprobantes de transferencias difundidos por Cuarto Poder muestran que, mientras el partido promovía una colecta oficial, también habría circulado un mecanismo alternativo de recepción de aportes mediante cuentas distintas a las autorizadas, generando cuestionamientos sobre la trazabilidad del dinero.
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Según el dominical, la agrupación política necesitaba reunir más de S/2 millones para sustentar las acciones legales destinadas a solicitar la nulidad de mesas de sufragio en Lima y en el extranjero. Para ello difundió, a través de sus redes sociales oficiales, un afiche con las cuentas bancarias y mecanismos de pago autorizados para recibir donaciones de simpatizantes.
Fuente: Cuarto Poder.
Sin embargo, la investigación reveló que, de forma paralela, comenzó a circular otro afiche en grupos selectos de WhatsApp con un número telefónico y una cuenta distintos a los oficiales. Esa situación generó confusión entre militantes y aportantes, quienes comenzaron a preguntarse cuál de los dos anuncios era el válido para colaborar con la denominada defensa del voto.
Los chats difundidos muestran que varios simpatizantes expresaron dudas al ver ambos anuncios circulando simultáneamente. En una de las conversaciones se lee: “¿Cuál es el correcto? No pongan por poner los flyer, compañeros. Esto es algo muy serio”, reflejando el desconcierto generado entre quienes pretendían realizar aportes.
LA RECAUDACIÓN QUE GENERÓ LA POLÉMICA
El número telefónico que aparecía en el afiche alternativo correspondía a Dacia Romero Quispe, personera legal de Juntos por el Perú en Huancavelica. Según explicó al programa periodístico, utilizó su cuenta para recibir aportes debido a una coordinación realizada en medio de una situación que calificó como de emergencia.
Romero sostuvo que la diputada electa Catherin Palomino coordinó inicialmente este mecanismo junto con la tesorera oficial del partido, Luzmila Ayay Casas. De acuerdo con su versión, la finalidad era facilitar la recepción de pequeños aportes destinados a cubrir los gastos derivados de las impugnaciones electorales.
La personera afirmó que en su cuenta llegaron aproximadamente S/4 mil, monto que posteriormente —según aseguró— fue transferido a la cuenta oficial de la tesorera nacional. Incluso mostró capturas de las transferencias bancarias como respaldo de su versión.
No obstante, también indicó que Catherin Palomino evitó utilizar sus propias cuentas bancarias o billeteras electrónicas para esta recaudación porque no quería afrontar eventuales problemas legales en el futuro.
La virtual diputada Catherin Palomino visitó en 61 ocasiones al expresidente Pedro Castillo en horario laboral, cuando trabajaba en el Congreso. (Foto: Captura Facebook Catherin Palomino)
POSIBLE REVISIÓN DE LA ONPE
La versión de Dacia Romero contrasta con la respuesta ofrecida por la propia Catherin Palomino, quien negó haber recibido dinero en sus cuentas personales y aseguró que ni siquiera utiliza la aplicación Yape.
“Es completamente falso que algún depósito mediante Yape haya ingresado a mi cuenta. En primer lugar, porque no utilizo esa aplicación”, respondió la diputada electa a través de WhatsApp. Además, sostuvo que los aportes realizados por simpatizantes fueron completamente voluntarios.
Por su parte, la tesorera oficial de la agrupación, según el reportaje, negó haber autorizado cuentas alternas para recibir dinero y aseguró que no recibió transferencias provenientes de esos mecanismos, versión que contradice directamente lo manifestado por la personera de Huancavelica.
En la interna del partido, según la investigación periodística, incluso se manejan cifras de hasta S/790 mil vinculadas a la campaña de recaudación. Sin embargo, Juntos por el Perú indicó que aún no presenta el balance consolidado porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía no establece el cronograma para la rendición de cuentas correspondiente.
Frente a estas versiones contrapuestas, el presidente del Instituto Aklla, José Tello, consideró que el caso debe ponerse en conocimiento de la ONPE para que la autoridad electoral evalúe los movimientos financieros y, de ser necesario, traslade la información al Ministerio Público. Según explicó, una pericia contable permitiría verificar la trazabilidad de los aportes, identificar las cuentas utilizadas y determinar el destino final de los recursos recaudados.
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