La presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó que no ha asistido a las dos primeras citaciones que le cursó el Ministerio Público para declarar acerca de la investigación en su contra por las muertes durante las protestas de los últimos meses, debido a que ha solicitado que esta se lleve a cabo de manera virtual y no presencial.
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Mediante una comunicación publicada este sábado 25 de febrero en sus redes sociales, el Ejecutivo explicó que la mandataria no acudió a las citaciones que se le cursaron porque no recibieron respuesta de parte de la Fiscalía a su petición.
“La presidenta de la república no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta”, asegura el Gobierno.
El primer día que fue convocada a declarar fue el pasado 30 de enero y, aquel día, Dina Bolaurte dijo que estaba dispuesta a declarar de manera virtual, solicitud que no recibió respuesta desde la Fiscalía de la Nación.
“El Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 de febrero y la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía. Este pedido no ha sido resuelto aún”, agrega el pronunciamiento del Gobierno.
Con esto, la Presidencia descarta que Boluarte esté rehuyendo de la justicia o postergando sus declaraciones, ya que asegura que hay un compromiso de su parte de participar en las diligencias que se consideren convenientes.
“La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución”, concluye el Ejecutivo.
Esta publicación responde a un informe del día anterior de ‘Perú21′, que informó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esperaba interrogar el último jueves a Boluarte, pero la noche anterior la mandataria pidió reprogramar la diligencia y, además, requirió que esta sea virtual sin ninguna justificación.
Cabe recordar que el 10 de enero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, César Cervantes, como exministro del Interior, así como contra su sucesor, Víctor Rojas, quien ocupó el cargo hasta el 13 de enero.
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La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.
Hasta ese momento eran 47 los fallecidos, pero las marchas y la violencia continuaron y la cifra se elevó a 70 personas muertas, lo que incluye muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden y en sucesos y accidentes relacionados con estas, según diversas fuentes.
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