Este jueves, la bancada de Renovación Popular presentó una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez. En ella piden esclarecer declaraciones al titular de la cartera.
Los congresistas que suscriben la moción lo hacen de conformidad con el artículo Nº 131 de la Constitución y en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 83 del Reglamento del Poder Legislativo, indica el documento.
TAMBIÉN LEE: Ministra Anahí Durand contrató a su socia como asesora en su despacho
Además, entre los considerandos se señala que el 26 de agosto de 2021 el ministro Torres Vásquez afirmó que la Asamblea Constituyente es “absolutamente necesaria”. Sin embargo, en otra oportunidad llegó al extremo de afirmar que “el ideario de Perú Libre jamás se va a imponer”.
Asimismo, que en setiembre del 2021, el ministro Torres con relación a los atestados policiales que vinculan al ex ministro de Trabajo, Iber Maraví, dijo que eran “cuentitos”, producto de que “en el Perú se pueden conseguir testigos y peritos para cualquier cosa”.
También, el 7 de setiembre de 2021, afirmó que no era posible que el Congreso interprete la Constitución, desconociendo las competencias del Poder Legislativo para interpretar el texto fundamental.
En otro considerando señala, además, que el 11 de octubre el ministro Torres Vásquez refirió que el proceso para la expedición de la Ley Interpretativa era unas “semejante brutalidad”, agraviando a todos los miembros del Congreso de la República.
OTROS CASOS
Sin embargo, el ministro de Justicia es cuestionado, también, por los contratos de familiares con el Estado.
La semana pasada se conoció que la empresa del hermano del titular de Minjus tuvo contratos con el Estado por más de 14 millones de soles. Ya la Contraloría está investigando el caso.
TAMBIÉN LEE: Mónica Yaya: “Ministros Aníbal Torres, Pedro Francke y Anahí Durand deberían renunciar por denuncias”
Además, ayer se conoció otro escándalo en el entorno de Aníbal Torres. La Contraloría reveló que la empresa de su cuñada contrató con el Estado pese a estar impedido por ley.