El avance de los atentados contra choferes de transporte público volvió a encender las alarmas en el Gobierno. Frente a ese escenario, el presidente José Jerí anunció una de las medidas más drásticas para enfrentar la inseguridad: la prohibición de que dos personas circulen juntas en una motocicleta, una restricción que ya se había aplicado en 2025 y que fue retirada tras el rechazo del gremio motero.
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La decisión se adopta en un contexto marcado por nuevos ataques en las últimas semanas y la convocatoria a un paro de transportistas. Ante ese panorama, el Ejecutivo resolvió reactivar la norma como parte de un paquete de acciones urgentes para contener la criminalidad vinculada al sicariato y la extorsión.
Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
El anuncio fue acompañado por el respaldo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, quien se mostró a favor del decreto. El alto mando policial exhortó a la comunidad motera a cumplir con la disposición, aunque reconoció que tendrá un impacto negativo en ese sector.
“Nosotros como Policía Nacional debemos hacer un llamado a la ciudadanía en general, porque esto es un compromiso de todos, especialmente de quienes se movilizan en moto, que sí es un sector importante y que seguramente va a tener un impacto”, señaló Arriola al referirse a la restricción.
El general coincidió con el presidente José Jerí en que la circulación de motocicletas con dos ocupantes genera una percepción constante de inseguridad entre choferes y ciudadanos, debido a su uso reiterado en delitos violentos. Según explicó, basta la presencia de una moto con dos personas para que se genere tensión en la vía pública.
“Cuando hay una motocicleta con dos ocupantes, y dada la contundencia de los actos criminales, cualquier persona se pone muy nerviosa. Se impacienta, se tensiona, solamente con que una moto se ponga al costado”, reflexionó el jefe policial.
LAS MOTOS Y SU USO DELICTIVO
Óscar Arriola detalló que las motocicletas se han convertido en un elemento central de los delitos urbanos por las ventajas operativas que ofrecen. Su rapidez y facilidad de desplazamiento permiten a las organizaciones criminales ejecutar ataques y huir en cuestión de segundos, incluso en zonas congestionadas.
Según su análisis, estos vehículos facilitan la evasión de controles policiales y de bloqueos en las calles, reduciendo el tiempo de exposición de los delincuentes en la escena del crimen. Por ello, se han vuelto recurrentes en casos de sicariato, extorsión y asesinatos por encargo.
El comandante general explicó que los esquemas delictivos han evolucionado. En algunos casos, los agresores se movilizan primero en automóvil y luego cambian a una motocicleta para asegurar la fuga. En otros, el atacante actúa solo mientras un cómplice lo espera en una moto en calles cercanas o pasajes de difícil acceso.
El mandatario José Jerí se reunió con los dirigentes del transporte urbano en una carpa instalada en el distrito de Rímac. Foto: América Noticias
INTERVENCIONES AUTOMÁTICAS
El presidente José Jerí defendió la medida al señalar que responde a la actual coyuntura de inseguridad, aun cuando implique restricciones temporales para un sector de la población. “En este momento y en esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector”, afirmó.
El mandatario precisó que el decreto supremo será publicado en el Diario Oficial El Peruano y que, desde ese momento, la Policía Nacional quedará facultada para intervenir automáticamente a toda motocicleta que circule con dos ocupantes. Las sanciones iniciales serán de carácter económico.
“Ya no hay excusa. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos”, remarcó Jerí, subrayando que la medida busca recuperar el principio de autoridad y evitar que situaciones consideradas de riesgo pasen desapercibidas.
El jefe de Estado reconoció que la norma impactará directamente en ciudadanos que usan la motocicleta como medio de transporte o trabajo, pero insistió en que el Estado debe asumir decisiones firmes para recuperar la tranquilidad y reducir la sensación de temor en calles y avenidas.
La restricción forma parte de una estrategia integral contra la criminalidad y se complementa con otras acciones, como la implementación de la Ley 32490 contra la extorsión y el sicariato, cuyo reglamento será aprobado y publicado en los próximos días. El Gobierno espera que, con estas medidas, se logre contener una de las modalidades delictivas que más temor genera entre transportistas y ciudadanos.
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