La madrugada del sábado 24 de enero, el presidente de la República, José Jerí, llegó de manera sorpresiva al penal Ancón I luego de recibir un reporte de la Policía Nacional del Perú vinculado a un caso de extorsión que tendría origen dentro de ese establecimiento penitenciario.
Horas antes, agentes policiales habían capturado a un hombre y una mujer acusados de extorsionar a empresas de transporte y mototaxistas del cono norte de Lima. Durante las diligencias, ambos detenidos señalaron que las órdenes para cometer los delitos provenían de un interno recluido en Ancón I, identificado como presunto cabecilla de la organización criminal.
Con esa información, el jefe de Estado, acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó la ubicación inmediata del recluso. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rápido se convirtió en una escena de confusión que evidenció serias deficiencias en los sistemas de control del Instituto Nacional Penitenciario.
Los registros no estaban consolidados en una plataforma única. El personal del INPE revisó cuadernos manuscritos sin lograr una respuesta clara. En una primera verificación, el interno figuraba como alojado en el pabellón dos, pero no fue encontrado allí.
Posteriormente, el nombre del recluso apareció consignado en el pabellón cuatro. Al acudir a ese sector, nuevamente no se encontraba. La búsqueda se extendió sin resultados, mientras los minutos pasaban y la incertidumbre se mantenía.
Ante la falta de precisión, el presidente solicitó explicaciones a los representantes del INPE presentes en el penal. Tras nuevas revisiones, se informó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca, en la región Tacna, el pasado 4 de enero.
Sin embargo, ese dato no figuraba de manera clara en los registros que se habían revisado minutos antes. La información generó nuevas dudas durante la diligencia. El mandatario pidió corroborar el traslado con el establecimiento penitenciario de Challapalca, pero los intentos de comunicación no tuvieron éxito.
Según se indicó, en ese momento no existía un canal de comunicación directa y operativa entre ambos penales, lo que impidió confirmar si el interno se encontraba efectivamente en Tacna.
La situación se agravó cuando el presidente solicitó el documento oficial que sustentara el traslado. El personal del INPE señaló que dicho registro se encontraba en una oficina administrativa, pero no fue posible acceder a ella porque no se contaba con la llave correspondiente.
La imposibilidad de ubicar con certeza a un interno señalado como articulador de delitos, la ausencia de registros accesibles y la falta de comunicación entre establecimientos penitenciarios generaron evidente indignación en el jefe de Estado.
“Lo ocurrido en Ancón I refleja un problema estructural en la gestión del INPE que compromete directamente la seguridad ciudadana. Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron respecto a su traslado, la responsabilidad institucional resulta ineludible”, sostuvo José Jerí durante la visita.
El mandatario advirtió que, en este escenario, “el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen desde los propios establecimientos penitenciarios”.
En ese sentido, recalcó que “frente a esta realidad, la reestructuración integral del INPE resulta urgente e impostergable”. Según enfatizó, sin control efectivo, registros confiables y responsabilidades claramente definidas, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado queda incompleta.
La visita presidencial, que buscaba verificar una denuncia puntual por extorsión, terminó revelando un cuadro más profundo de desorden administrativo y falta de control interno en uno de los principales penales del país, dejando en evidencia una crisis que exige cambios inmediatos.
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