La presidenta de la República, Dina Boluarte, apuntó directamente al Ministerio Público como responsable de la creciente inseguridad ciudadana en el país. En una contundente declaración durante su visita a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Chorrillos, la mandataria cuestionó a la Fiscalía por liberar a presuntos delincuentes detenidos en flagrancia por la Policía.
“La seguridad de las peruanas y peruanos es tarea de todos, no solo del Ejecutivo. Si hay que reclamar que no se está actuando, no vayan al Ejecutivo, vayan al Ministerio Público”, expresó Boluarte al recibir el reporte de un operativo reciente en el distrito de Ate, donde 16 extranjeros fueron liberados pese a ser capturados con un arma de fuego, droga y municiones.
Dirigiéndose directamente a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, la jefa de Estado expresó su indignación. “Estamos en estado de emergencia en Lima y Callao. La Policía actúa, captura a los delincuentes con armas, droga y hasta granadas de guerra, y los fiscales los liberan. Eso no puede seguir ocurriendo”, enfatizó.
Boluarte aseguró que esta situación pone en riesgo a los ciudadanos, pues los delincuentes salen “con más ganas” de seguir cometiendo crímenes. “No lo vamos a permitir”, advirtió.
La presidenta también anunció que tomará medidas contra los fiscales que, según dijo, actúan de espaldas al clamor popular. “Tenemos que denunciarlos no solo en la jurisdicción correspondiente, sino también ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No nos vamos a quedar tranquilos”, aseguró.
Pidió a la JNJ actuar con celeridad frente a las denuncias del Ejecutivo. “La seguridad ciudadana no depende solo de la Policía o del Ejecutivo. También es responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial”, sentenció.
Las declaraciones de Boluarte surgen luego de que se conociera que una fiscal ordenó la liberación de 16 ciudadanos extranjeros, detenidos el 23 de abril en Ate durante un operativo de la PNP. En el lugar se halló una pistola, municiones, droga y hasta una granada, pero a pesar de la evidencia, fueron liberados.
El hecho generó una fuerte reacción del Gobierno, que ahora exige responsabilidad a las demás instituciones del sistema de justicia para frenar la delincuencia.
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