El Poder Judicial puso punto final a los intentos del Ministerio Público por impedir la salida del país de la expresidenta Dina Boluarte. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó de manera definitiva el último requerimiento fiscal que solicitaba imponerle una restricción por 18 meses, en el marco de las investigaciones por presuntas contrataciones en EsSalud vinculadas al cirujano Mario Cabani.
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Con esta decisión, la vacada exmandataria queda sin ninguna medida judicial que limite su desplazamiento al extranjero. El fallo se suma al rechazo previo de un pedido similar, esta vez por 36 meses, presentado en el contexto del caso Los Dinámicos del Centro, también desestimado en doble instancia.
Fotos: Difusión
En ese primer proceso, la Fiscalía había solicitado impedir que Boluarte salga del país mientras avanzaban las diligencias por presunto lavado de activos agravado. Sin embargo, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró improcedente la medida, decisión que luego fue confirmada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
DOS PEDIDOS, LA MISMA RESPUESTA
El segundo intento fiscal tampoco prosperó. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido de impedimento de salida por 18 meses al considerar que no existían elementos suficientes que sustenten la restricción, ni indicios concretos de un posible peligro de fuga por parte de la investigada.
Esta evaluación fue ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que concluyó que, a partir de los elementos presentados, no se acreditaba la necesidad indispensable de la presencia de Dina Boluarte para justificar una medida de esta naturaleza. El colegiado respaldó además la postura de Checkley respecto a que los argumentos fiscales no estaban debidamente acreditados.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, había sostenido que la reciente vacancia de Boluarte, su capacidad económica y sus presuntos contactos internacionales le otorgaban facilidades para abandonar el país e incluso buscar respaldo diplomático. No obstante, la Sala Suprema coincidió en que esas afirmaciones se sustentaban en conjeturas y no en hechos verificables dentro de la investigación.
En su resolución, el máximo tribunal dejó constancia de que el Ministerio Público no demostró objetivamente que la investigada presente una conducta renuente a las actuaciones del proceso. También consideró que el argumento sobre una eventual solicitud de asilo o protección internacional carecía de evidencia que lo respalde.
RESOLUCIÓN FIRME Y CAMINO DESPEJADO
Infobae accedió a la resolución que declara infundada la apelación fiscal y confirma la decisión del juez supremo de la investigación preparatoria. En el documento se precisa que no se advierte exposición alguna específica a actos de investigación que hagan necesaria o indispensable la presencia de la expresidenta.
Con ambos requerimientos rechazados en doble instancia, Dina Boluarte queda habilitada para salir del Perú si así lo considera conveniente, tras haber sido vacada por incapacidad moral en octubre pasado. La Corte Suprema dejó en claro que no existe actualmente ninguna prohibición que limite su derecho al libre tránsito.
Como se recuerda, luego de la vacancia se presentaron dos solicitudes de impedimento de salida del país: una del fiscal provincial Ángel Astocondor por 36 meses, vinculada al caso Los Dinámicos del Centro, y otra del fiscal interino Tomás Gálvez por 18 meses, relacionada a las contrataciones en EsSalud. Ambas fueron rechazadas.
Fuentes fiscales advirtieron que el caso elegido para sustentar el último pedido era uno de los menos sólidos contra la exmandataria. En la Fiscalía de la Nación, además, existen diversas investigaciones abiertas contra Boluarte por presuntos delitos cometidos durante su gestión.
Sin embargo, ya con Tomás Gálvez como fiscal interino, varias de estas denuncias han sido archivadas al considerarse que no revestían naturaleza penal, carecían de pruebas suficientes o presentaban hechos considerados inverosímiles. Con este escenario, el Poder Judicial cerró el capítulo de los impedimentos de salida y dejó a la expresidenta sin restricciones para abandonar el país.
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