El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público para incorporar a las empresas Lima Expresa y OAS Perú en la investigación que involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
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La decisión del juez Jorge Chávez permite que las mencionadas empresas sean consideradas como parte investigada, no solo para afrontar responsabilidades indemnizatorias directas, sino también para afrontar sanción penal.
De esta manera, el Poder Judicial ha dado cinco días de plazo a las empresas “para que su órgano social designe un apoderado judicial diferente a las personas naturales que se encuentran investigadas en la presente causa, bajo apercibimiento de designarlo judicialmente en el caso de no hacerlo e informarlo en el plazo establecido”.
El Ministerio Público sustentó su pedido en que existen vínculos que conectan a las personas jurídicas con acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible, habiendo sido instrumentalizadas para la comisión de los delitos materia de investigación.
Para el equipo especial Lava Jato se habrían cometido actos de corrupción durante la gestión de Villarán de la Puente en los cuales habrían tenido participación, además de funcionarios de la Municipalidad de Lima, representantes de la empresa Línea Amarilla S.A.C. y Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, vinculados a la etapa de ejecución del proyecto Línea Amarilla.
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