Si se tuviera estima personal, que de seguro la tiene, el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, debería renunciar a su cargo. El despelote ocurrido el domingo durante los comicios generales, en donde 52 mil electores se quedaron sin votar debido a que el material electoral llegó tarde, es imperdonable. La sanción tendrá que ser penal. A dichos peruanos no se les permitió hacer uso de un derecho ciudadano consagrado en la Constitución.
Debido a ese flagrante error se tuvo que extender la votación de esos electores para el día siguiente, algo que jamás había ocurrido en la historia electoral del país. Lo que es peor, ayer también se repitieron casi los mismos hechos: en varios lugares el material llegó tarde.
De no haber sucedido lo del domingo, nadie sabría que la empresa Galaga, que contrató la ONPE para el traslado del material, no cumplía con los más mínimos requisitos para encargarse de esa importante tarea: hasta días antes de los comicios pedía a través de las redes sociales “proveedores para la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución local en Lima y el Callao para proyecto electoral”, como muy bien lo señaló ayer el editorial de El Comercio.
Galaga apenas tiene 13 trabajadores en su planilla y había sido sancionada por la propia ONPE en tres oportunidades, también por incumplimientos en el transporte de material. ¿Cómo ganó el contrato? Ayer la Fiscalía dutuvo a José Samané Blas, el gerente que se encargó de esa selección. Él tendrá que contar todo. Y Juan Alvarado Pfuyo, el gerente de Galaga, declaró que su responsabilidad “tendrá que demostrarse”.
Corvetto también mintió el viernes cuando dijo que la ONPE ya había desplegado todo el material a los locales de Lima y el Callao en 434 unidades de transporte.
Hay otra situación tan grave como lo arriba señalado, descubierta por la periodista Cecilia Valenzuela, directora de Perú21. Las cédulas de votación en braille de la ONPE, para las personas con discapacidad visual, tenían el nombre del candidato Belmont y no la abreviatura de su partido, como lo establecen las normas y lo hicieron las demás organizaciones en competencia.
En las cinco columnas de votación, presidencial, senado nacional, senado regional, diputados y Parlamento Andino, estaba el apellido Belmont. Era una evidente inducción a votar por dicho candidato. Al respecto, se levantó un acta en uno de los colegios limeños que fue firmada por representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la misma ONPE y el Conadis.
La Defensoría advirtió de ese hallazgo al mediodía en su cuenta X. “Eso no debe ocurrir, toda vez que solo debe figurar el nombre de las organizaciones políticas. Se adjunta evidencia de lo ocurrido”, informó. Sin embargo —¡oh, sorpresa!— unos minutos después borró el mensaje.
Piero Corvetto —ratificado en su cargo por la anterior Junta Nacional de Justicia caviarizada— no ofrece ningún tipo de garantía para la segunda vuelta electoral. Debe irse a su casa. Nos vemos el otro martes.
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