Pedro Castillo seguirá en prisión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente por el caso Puente Tarata y otros, por lo que permanecerá recluido en el penal de Barbadillo hasta marzo de 2027. El tribunal rechazó el recurso presentado por su defensa al considerar que persiste el peligro de fuga y que los arraigos presentados no resultan suficientes.
Con esta decisión, el máximo tribunal declaró infundada la apelación que buscaba dejar sin efecto la resolución emitida el 27 de febrero por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Así, la medida cautelar continuará vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.
En la resolución, los magistrados señalaron que existen elementos que mantienen vigente el riesgo procesal. Entre ellos, mencionaron indicios de una eventual pretensión de asilo político y cuestionaron la solidez de los arraigos familiar, laboral y domiciliario del exmandatario.
Para la Corte Suprema, el arraigo laboral resulta “incierto”, mientras que el domiciliario se debilita porque, al no contar con otros vínculos sólidos y existir una posible sustracción de la justicia debido a facilidades de apoyo extranjero, este resulta “endeble”.
El fallo también precisa que la familia de Pedro Castillo permanece asilada en México, situación que fue considerada por los magistrados al momento de evaluar el riesgo de fuga. Además, recordaron que el exjefe de Estado ya cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión, sentencia que actualmente fue apelada por su defensa.
La investigación por la que continuará bajo prisión preventiva está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión.
Según la tesis fiscal, Castillo habría encabezado una organización criminal de estructura vertical que presuntamente operó desde el Poder Ejecutivo para favorecer contrataciones públicas irregulares y obtener beneficios económicos.
Las pesquisas comprenden presuntos actos de corrupción relacionados con Petroperú y la compra de biodiésel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la presunta licitación irregular del Puente Tarata III y actuaciones en el Ministerio de Vivienda vinculadas al Decreto de Urgencia N.° 102-2021.
La Sala Penal Permanente también sostuvo que el proceso presenta una complejidad especial debido a la cantidad de diligencias pendientes. Entre ellas figuran pericias contables, evaluaciones de ingeniería, análisis digitales forenses y la revisión de expedientes técnicos en distintos municipios del país.
El expediente forma parte de una macroinvestigación que involucra a más de 90 personas investigadas, circunstancia que, según la resolución, justifica mantener la prisión preventiva para garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
Con este fallo, Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras avanzan las investigaciones por el caso Puente Tarata. Paralelamente, permanece vigente el escenario político marcado por la posibilidad de que el Gobierno de transición evalúe un eventual pedido de gracia presidencial presentado a favor del exmandatario, asunto que aún no tiene una decisión definitiva.
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