BIEN PATRIOTA. Luego de levantar su huelga de hambre, el expresidente Pedro Castillo reapareció hoy en la séptima audiencia del juicio en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, pero lo que más llamó la atención fue que lo hizo vistiendo una casaca de la selección peruana, justo el mismo día en que Perú enfrenta a Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026.
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El exmandatario había faltado a tres sesiones anteriores, primero debido a una huelga de hambre seca y luego por problemas de salud, según informes médicos. En la audiencia, también estuvo presente Betssy Chávez, quien fuera su presidenta del Consejo de Ministros en el momento de la intentona golpista.
A solicitud de la defensa de Castillo, la Sala ordenó que un médico legista evalúe el estado de salud del acusado para determinar su capacidad de permanecer en la audiencia. Tras esta disposición, Castillo abandonó la sala y la sesión entró en receso.
otos: Alessandro Currarino / @photo.gec
Cabe recordar que el exmandatario reapareció luego de haber levantado su huelga de hambre, tras haber sido trasladado al Hospital Vitarte II y permanecer en su celda bajo indicaciones médicas debido a su estado de salud. La última vez qCastillo participó en la audiencia del 11 de marzo, pero estuvo ausente en tres sesiones consecutivas.
Minutos después, Pedro Castillo regresó a la sala, y la audiencia continuó con el desarrollo regular de la sesión.
JUICIO ORAL
Junto a Castillo Terrones también se procesa en calidad de coautores del delito de rebelión a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez; al exministro del Interior Willy Huerta Olivas; así como a los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).
El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419 038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419 038 soles, que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
La defensa del expresidente sostiene que su cliente ha sido víctima de una persecución política, mientras que la Fiscalía continúa presentando pruebas que lo vinculan a la ruptura del orden constitucional.
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