Les bloquearon todas sus propiedades. El expresidente Pedro Castillo, actualmente preso en el penal de Barbadillo, no podrá transferir ni vender cuatro propiedades a su nombre luego de que el Poder Judicial ordenara su embargo a modo de inscripción, con miras a solventar una eventual reparación civil si es condenado por el golpe del Estado del 7 de diciembre del 2022.
La misma medida se dictó para nueve bienes inmuebles del exasesor y expresidente del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres, implicado también en el proceso judicial.
El embargo de los trece bienes comprende parte de los S/ 67′711.048,33 solicitados como potencial pago de reparación civil por parte de la Procuraduría General del Estado, según la resolución judicial a la que accedió el diario ‘El Comercio’.
Las razones expresadas por la judicatura para disponer la medida alcanza a daños patrimoniales que van desde los actos vandálicos que se realizaron como efecto del golpe de Estado hasta el daño extrapatrimonial vinculado a las instituciones constitucionales quebrantadas con el actuar ilegal de Castillo Terrones.
“Las acciones del Estado peruano, en resguardo de los bienes jurídicos afectados, significó la erogación del patrimonio estatal y su determinación estaría compuesta por todas estas partidas presupuestales que el Estado tuvo que desembolsar, para enfrentar las consecuencias causales directas de conflictividad social originadas con el llamado de movilización que realizara Castillo Terrones en la consumación de su delito de rebelión de lo que se generaron daños emergentes en desfavor del Estado”, recordó el juez sobre los argumentos esgrimidos.
En ese sentido, explicó el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, los hechos acaecidos luego del mensaje del exmandatario ocasionaron un clima de tensión y zozobra generado en la población en general. Pero además de ello, también se produjeron una serie de actos vandálicos, en perjuicio del patrimonio de particulares; alterándose de esa manera gravemente la tranquilidad pública.
El Poder Judicial también ordenó trabar embargo sobre los bienes del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por US$286.800 mil.
Torres Vásquez está implicado en el concierto de voluntades que habría llevado a Castillo Terrones a emitir un mensaje a la Nación en contra del orden constitucional.
La procuraduría solicitó que se declare fundada las medidas cautelares contra dos predios rurales ubicados en el caserío de Aliso, distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca.
Además, pidió la misma medida contra otro predio rural ubicado en el caserío de Chugur, donde vivió el exmandatario junto con su familia antes de llegar a Palacio de Gobierno.
En 2022, El Comercio reveló que en tan solo 13 días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, aprobó un expediente técnico y gestionó el presupuesto de S/19 millones para construir una vía de 22 kilómetros que pasaría por la casa del mandatario en el citado caserío de Chugur.
La solicitud de inhibición también considera un lote ubicado en Tacabamba, en Chota, Cajamarca, donde viven sus padres y se improvisó un helipuerto en un terreno colindante.
Contra Aníbal Torres, la Procuraduría pide la inhibición de un departamento ubicado en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro, valorizado en US$ 236 800, y dos estacionamientos en el sótano del mismo inmueble, valorizados en US$ 15 000 cada uno.
Además, tres departamentos y dos estacionamientos ubicados en la urbanización Pando, en el Cercado de Lima, cuyos valores no aparecen en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Por último, el pedido de inhibición incluye una camioneta Jeep Compass valorizada en US$ 20 mil.
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