MÁS INVOLUCRADOS. La Fiscalía de la Nación ha incluido a un general y a otros dos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en su investigación en torno al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. Todos ellos son procesados por este caso junto al expresidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, este último extitular del sector Interior.
Mediante una disposición del 10 de agosto, la fiscalía amplió la indagación preparatoria del caso para incluir como investigados al general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. Esto fue comunicado también al Poder Judicial. A los tres se les imputa ser presuntos coautores del delito de rebelión y al primero también se les atribuye la coautoría de conspiración.
Esta ampliación fue uno de los argumentos con los que la fiscalía solicitó la prórroga hasta abril del 2024 del plazo de esta indagación, ya que se requiere tomar las declaraciones de los tres oficiales como investigados y realizarse otras diligencias.
Lozada Morales es hoy director de la Dirección de Turismo de la PNP, pero al momento del golpe de Estado era jefe de la Región Policial Lima. Cuando todavía era solo testigo del caso, la Fiscalía lo incluyó en la lista de personas para las que pidió levantar su secreto de comunicaciones, solicitud que fue aprobada por el Poder Judicial a mediados de julio.
Por su parte, Justo Venero Mellado era jefe de la Unidad de Policía Canina de la Unidad de Servicios Especiales (USE), mientras que Eder Antonio Infanzón Chávez era oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales. A este último también se le incluyó en el levantamiento del secreto de comunicaciones.
El entonces jefe de la PNP, Jorge Angulo Tejada, declaró a la fiscalía que el general Lozada lo llamó en la mañana del 7 de diciembre para indicarle que el ministro Willy Huerta “había dispuesto que de orden del señor presidente de la República, se retiren las rejas de la Plaza de Armas para que sus simpatizantes que se encontraban en la Avenida Abancay puedan ingresar”.
En tanto, el hoy investigado Infanzón Chávez declaró de que dos minutos después del mensaje a la Nación, recibió por la Central del Radio de la USE la disposición de que “nadie ingresa, nadie sale, orden de Romero 39″. Según dijo, ese código correspondía al general Lozada como jefe de la Región Policial Lima, y la orden era de “no dejar ingresar a nadie al Congreso de la República, incluso a los congresistas”.
Infanzón relató que luego de recibir esa orden, llamó al comandante Venero, quien le “ratificó la orden del Gral. Lozada Morales”.
“Sin embargo, cerca de las 13:00 horas de la fecha, el comandante ‘Venero’ lo llamó y le manifestó que ya el comandante general de la Policía estaba apoyando a los congresistas; por lo tanto, se le tenían que dar las facilidades para el ingreso”, añadió.
En diálogo con el diario ‘El Comercio’, el general Lozada rechazó su inclusión en la investigación de la fiscalía y aseguró que nunca ordenó que se impida el acceso de los legisladores al Congreso.
“Es falso lo que me están atribuyendo. Yo en ningún momento he impedido el ingreso de los congresistas, ni de sus asesores, ni de nadie al Congreso. Lo que yo dispuse es que se den todas las facilidades para que ingresen los señores congresistas y asesores, con especial cuidado de que no vayan a ser agredidos físicamente”, declaró el general.
Lozada también rechazó haber recibido alguna orden directa de Pedro Castillo o de Willy Huerta con ese objetivo. “Lo único que sí me solicitó [el ministro] es que abra las rejas de Palacio de Gobierno, las rejas que son el anillo de seguridad, y yo le dije que no, que no iba a hacer. Y cumplí: no abría la reja y nadie ingresó ese día a la Plaza de Armas ni a inmediaciones de Palacio de Gobierno”, señaló.
El Comercio también se comunicó con el comandante Venero, quien dijo estar tranquilo y consideró que lo están involucrando “porque supuestamente he ordenado que no ingresen los congresistas al Congreso, pero nunca fue cierto, nunca dije nada, pero me involucraron en el proceso judicial porque tenía cierta responsabilidad de seguridad en el Congreso”.
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