No solo asegura haber sido amenazado de muerte sino que ahora también señala haber sido víctima de una conspiración para vacarlo. El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia en la Fiscalía de la Nación en contra de su exvicepresidenta Dina Boluarte, la propia fiscal Patricia Benavides, más de 100 congresistas y otros funcionarios y miembros de las fuerzas armadas, a quienes acusó de haber integrado una organización criminal que buscó sacarlo del poder.
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Castillo apuntó básicamente hacia todos los que no respaldaron su decisión de subvertir el orden constitucional, aquellos que lo dejaron solo en su momento más funesto y a los que se negaron a levantarse en armas para apoyar su golpe de Estado.
La actual mandataria Dina Boluarte, en su condición de exvicepresidenta de Castillo, fue denunciada por la presunta comisión del delito de organización criminal, pues en un presunta actuación coordinada y concertada, el 6 de diciembre de 2022, un día antes del golpe de Estado, el Congreso de la República le archivó las denuncias constitucionales vinculadas a los casos ‘Club Apurímac’ y ‘Reniec’.
Luego, el 7 de diciembre de 2022, Boluarte Zegarra habría enviado “emisarios” al Congreso para informar que ya contaba con los votos de todas las bancadas para la vacancia de Castillo. Y luego de que fue proclamada presidenta el 7 de diciembre del 2022, habría acudido a visitar al exmandatario Alberto Fujimori Fujimori en el penal de Barbadillo.
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DENUNCIÓ A MÁS DE 100 CONGRESISTAS
Castillo también denunció a 101 congresistas de la República que votaron a favor de su vacancia presidencial (detallando solo los nombres de 94 parlamentarios) imputándoles los presuntos delitos de Organización criminal, cuyo fin habría sido cometer los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, en agravio del Estado.
Castillo Terrones, imputó que quienes “moverían los hilos” de una presunta organización criminal serían 12 congresistas de la República: María Del Carmen Alva Prieto, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Hernando Guerra García Campos, Jorge Montoya Manrique, Alejandro Muñante Barrios, Norma Martina Yarrow Lumbreras, José Daniel Williams Zapata, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Lady Mercedes Camones Soriano, José Arriola Tueros, Patricia Rosa Chirinos Venegas y Martha Lupe Moyano Delgado.
TAMBIÉN A LA FISCAL DE LA NACIÓN
Castillo imputa también a Patricia Benavides, en su calidad de fiscal de la Nación, pertenecer a una organización criminal, cuyos fines fueron la perpetración de los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, al presuntamente haber sido parte del “Golpe de Estado del Congreso”, pues de su accionar se evidenciaría un “pacto de encubrimiento” de la fiscalía hacia el gobierno “de la usurpadora” Dina Boluarte.
Ello, debido a que no habría actuado frente a los autores directos e indirectos de los asesinatos de 57 personas a manos de personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, durante las protestas sociales suscitadas en todo el país y que no habría realizado “una investigación seria e imparcial”.
Otros denunciados por los mismos delitos han sido Emilio Gustavo Bobbio Rosas (en su condición de exministro de Defensa), Walter Córdova Alemán (excomandante general del Ejército) y Jorge Luis Chávez Cresta (exviceministro de Minas).
Además, el general de la Policía Nacional del Perú Iván Lizetti Salazar, el coronel de la Policía Nacional del Perú Walter Bryan Erick Ramos, el coronel de la Policía Nacional del Perú Harvey Julio Colchado Huamaní y el ex fiscal provincial Hans Aguirre Huatuco, también fueron incluidos por Castillo Terrones en su denuncia.
Sin embargo, la denuncia, según la disposición fiscal obtenida por el diario ‘El Comercio’, en varios de sus extremos ya fue desestimada por la Fiscalía de la Nación y en otros, ha sido derivada a otras instancias fiscales para que analicen los argumentos del vacado expresidente quien hoy cumple prisión preventiva por dos hechos: la investigación por presunta rebelión y la investigación en su contra por presuntamente dirigir una red criminal que habría cometido actos de corrupción en su gestión.
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