“Soy inocenteee”. Al más puro estilo de Alberto Fujimori, el vacado expresidente Pedro Castillo, que cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, volvió a negar el haber cometido algún tipo de delito y pidió al Poder Judicial que cese la investigación en su contra por los delitos de rebelión o conspiración.
“Me ratifico hoy una vez más en que no cometí delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de cómo la procuraduría y el Ministerio Público no puede sustentar un supuesto delito. Supuestos, dichos, habría”, comentó.
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que evalúa hoy el pedido que presentó Castillo para que se archive la investigación preparatoria que se le sigue por el intento de golpe de Estado, le otorgó la palabra por varios minutos al exmandatario, quien declaró desde el penal de Barbadillo.
Castillo Terrones insistió en que está “privado injustamente” de su libertad y solicitó al magistrado que se le aparte de la investigación para así poder librarse de la prisión preventiva por este delito.
“Pido que hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos, sin parcialización en mi contra, y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática”, exhortó el expresidente.
El expresidente concluyó su participación señalando que no cometió ni rebelión ni conspiración. Tras esto, el juez dio por concluida la audiencia y anunció que emitiría su decisión en el plazo de ley.
Cabe resaltar que este pedido se trata de un recurso de excepción de improcedencia de acción que fue presentado por la defensa del exmandatario.
La defensa del exmandatario había presentado previamente una tutela de derechos por medio de la cual solicitó al juez supremo Checkley Soria que ordene archivar el delito de rebelión que se le imputa en este caso, bajo el argumento de que el Ministerio Público incumplió con establecer la imputación concreta en su contra sobre dicho cargo.
Recordemos que el expresidente recibió 18 meses de prisión preventiva, luego de que se abriera la investigación por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, en la que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa el presunto delito de rebelión. Posteriormente, se le dictó 36 meses de prisión preventiva por el caso de presunta corrupción y organización criminal.
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