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El Poder Judicial rechazó en primera instancia el recurso de hábeas corpus que presentó el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra la fiscal Norah Córdova y otros dos miembros del Ministerio Público, con el cual se buscaba evitar alguna diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno.
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“(Se resuelve) declarar improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta por Eduardo Remi Pachas Palacios, en favor del señor Pedro Castillo Terrones - Presidente de la República, contra la Dra. Norah Córdova Alcántara - fiscal provincial titular de la primera fiscalía provincial penal corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos - 2do despacho”, se lee en el documento difundido por RPP.
La decisión del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, también rechazó el hábeas corpus en el extremo contra los fiscales Luis Alberto Medina Rodrigo y Luis Reynaldo Mina Abanto, quienes participaron en diversas diligencias en Palacio de Gobierno en las últimas semanas.
El recurso a favor del mandatario fue presentado el pasado 25 de diciembre contra los fiscales Norah Córdova y los miembros de su despacho abocados en la investigación por presuntas irregularidades en una licitación de Petroperú a favor de una firma vinculada a Karelim López.
“El accionante interpone la presente demanda constitucional de habeas corpus a efectos de que cese todo acto que puedan realizar los demandados, y de continuar sean denunciados penalmente”, indicó el abogado Eduardo Pachas en su documento.
El representante legal de Pedro Castillo plantea sus quejas contra Norah Córdova por haber calificado como “terrorista” y “corrupto” al Castillo Terrones antes de que asumiera el cargo de presidente. Actividad realizada a través de publicaciones en redes sociales.
Asimismo, denuncia que Córdova se ha convertido en una “fiscal vacadora que ya no solo pregona en los medios sino que ahora actúa en la ejecución de un plan malévolo y perverso”.
Sobre estas acusaciones, el magistrado constitucional indicó en su resolución que deben ser investigadas por un órgano interno del Ministerio Público.
