¿Se acaba la mamadera? La polémica por las contrataciones de familiares de trabajadores vinculados a la custodia de Pedro Castillo ya tuvo sus primeras consecuencias. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) removió a Calixto Lucero Rodríguez de la dirección del penal de Barbadillo, luego de conocerse que su hija, Yulissa Lucero Chujutalli, consiguió un contrato como personal técnico en el Congreso, específicamente en el despacho de una parlamentaria de Juntos por el Perú (JP), con una remuneración mensual de S/8300. La institución encargó el establecimiento a otro funcionario y anunció acciones administrativas y legales por los hechos revelados.
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La salida de Lucero Rodríguez quedó formalizada mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P, que dispuso encargar la dirección del establecimiento penitenciario a Claudio Lino Andia Nina. El cambio se produjo después de los cuestionamientos sobre los vínculos laborales de familiares de trabajadores encargados de la seguridad del expresidente, quien permanece recluido en ese centro penitenciario.
Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli es hija del director del penal de Barbadillo. Foto: Cuarto Poder
CAMBIAN AL DIRECTOR DEL PENAL DE BARBADILLO
Andia Nina es servidor de carrera del INPE y cuenta con experiencia en la administración de establecimientos penitenciarios. Antes de asumir esta responsabilidad, en mayo de 2026, estuvo al frente del penal Virgen de la Merced, perteneciente a la Oficina Regional Lima. Su llegada a Barbadillo, sin embargo, tendría carácter de encargo administrativo.
La decisión fue adoptada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Abraham Lescano Salazar. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, ya había considerado necesario cambiar al responsable del establecimiento para preservar la seguridad y neutralidad de la custodia. Incluso adelantó que buscarían a un militar en retiro con experiencia en seguridad e inteligencia para asumir posteriormente esa jefatura.
El INPE también había anunciado que apartaría de sus cargos al personal de Barbadillo involucrado en los hechos expuestos por el reportaje de Cuarto Poder. En su pronunciamiento, la institución sostuvo que la decisión respondía a “la gravedad de los hechos expuestos” y constituía una medida inmediata para garantizar “el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”.
La entidad fue enfática al exigir una conducta íntegra a sus trabajadores y advirtió: “Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”. Asimismo, anunció que adoptaría las acciones administrativas y legales correspondientes.
HIJA DEL DIRECTOR Y FAMILIARES DE AGENTES, CONTRATADOS EN JP
El caso que desencadenó la controversia fue revelado por Cuarto Poder. El dominical informó que Yulissa Lucero Chujutalli, hija del entonces director de Barbadillo, fue contratada en agosto como personal técnico del despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, con un sueldo mensual de S/8.300.
Consultada por esta incorporación, la congresista negó que Pedro Castillo hubiera recomendado a la joven para ocupar el puesto. “Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera”, manifestó. También sostuvo que necesitaba personal para su despacho. Yulissa Lucero, por su parte, declinó brindar declaraciones.
Pero no fue el único nombre que apareció en la investigación periodística. Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea, también fue contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú, con una remuneración de S/8.000. A esta relación se sumó Héctor Sandoval Moreno, quien fue director de Barbadillo hasta noviembre del año pasado y posteriormente ingresó como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca.
En el Congreso se contrató a familiares de personal del Barbadillo, espacio en el que está recluido el expresidente Pedro Castillo.(Foto: GEC)
El ministro Ernesto Álvarez cuestionó los vínculos laborales de familiares de trabajadores encargados de la custodia de Castillo con espacios parlamentarios relacionados con la agrupación política a la que pertenece el exmandatario. Explicó que la remoción de Lucero Rodríguez no significaba su salida automática del INPE, pues pertenece a la carrera penitenciaria. Su eventual separación definitiva dependerá de un procedimiento administrativo disciplinario. También precisó que, por su condición de funcionario de carrera, no estaba obligado a presentar una declaración jurada de intereses.
Las reacciones tampoco tardaron en llegar. La diputada de Renovación Popular Roxana Rocha calificó la situación como una “vergüenza” y pidió una investigación seria para esclarecer si existió un intercambio de favores. Su colega Aldo Bravo fue más directo al cuestionar los nombramientos: “Es un escándalo absoluto ¿Esto qué cosa es? ¿una agencia de empleos? ¿es una compraventa de favores políticos? ¿trátame bien a Castillo y yo contrato a tus hijos”, expresó.
Desde Juntos por el Perú, el vocero Ernesto Zunini anunció que había solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de uno de los trabajadores cuestionados. En tanto, Iber Maraví defendió el procedimiento de contratación y aseguró: “Los parlamentarios en nuestro despacho no contratamos al personal, lo hace el Congreso, los perfiles son filtrados (por ellos) y nosotros nos hacemos responsables de lo que proponemos”. Mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos sobre las contrataciones y los controles aplicados en el Parlamento.
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