La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento luego de que presentara ante el Congreso una denuncia constitucional contra del presidente Pedro Castillo por las presunta comisión de delitos de corrupción.
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Durante una conferencia, Benavides Vargas enfatizó en que las investigaciones que realiza el Ministerio Público son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando el debido proceso, por lo que enfatizó en que están haciendo lo correcto.
“Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, aseveró.
En ese sentido, la titular de la Fiscalía indicó que tras haber realizado un trabajo “arduo y prolijo” de investigación han encontrado indicios graves de la supuesta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, refirió.
“Los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, agregó.
Seguidamente, Patricia Benavides dijo que, a partir de ahora, ya es “es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República” tomar decisiones respecto al trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Finalmente, la fiscal de la Nación indicó que la corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos. Por tal, exclamó que el combate contra este flagelo debe ser unánime en todas las esferas del Estado.
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