Lo que Pedro Castillo presentó ante el Ministerio Público no solo es una denuncia penal contra los congresistas que aprobaron su vacancia el 7 de diciembre de 2022: es, además, un documento que incluye nombres de legisladores fallecidos, cuestionamientos a la legalidad del proceso y un relato en el que se coloca como víctima de un procedimiento arbitrario.
En el escrito, elaborado por el Estudio Jurídico Adrianzén, Castillo detalla uno a uno los nombres de los 100 parlamentarios que votaron a favor de destituirlo luego de su frustrado intento de cerrar el Congreso y establecer un gobierno de facto. Entre ellos aparecen incluso legisladores de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder.
La denuncia también alcanza a la expresidenta Dina Boluarte, a quien acusa de haber aceptado “ilegalmente” el cargo pese a que —según él— no se cumplió el número mínimo de votos exigidos. Como se sabe, Boluarte asumió la presidencia porque ejercía constitucionalmente como vicepresidenta de la República.
Castillo asegura que fue vacado sin alcanzar los 104 votos requeridos por el artículo 89-A del reglamento del Congreso para una vacancia considerada exprés, pues —según el documento— solo se reunieron 101 votos.
Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la inclusión de Enrique Wong, de Podemos Perú, y Hitler Saavedra, de Somos Perú, quienes fallecieron en el 2024. A pesar de ello, ambos aparecen en los puntos “1.1.84″, “1.2.84″, “1.1.95″ y “1.2.95″ del documento presentado por Castillo como si aún ocuparan curul en el Congreso.
El vacado exmandatario consigna como domicilio el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, y se presenta como “expresidente de la República” en el escrito.
Su defensa sostiene que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa al momento de la vacancia, alegando que “no tuve abogado particular ni de oficio”, según consta en el texto.
Además, Castillo acusa a los legisladores de cometer abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, por emitir un acto que —según su versión— fue arbitrario y le generó perjuicio directo.
Como parte de su denuncia, responsabiliza también a Dina Boluarte por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo, al haber asumido la presidencia sin que, según el recurso, el proceso de vacancia cumpliera los estándares legales.
Aunque la denuncia insiste en que no se alcanzó el número de votos requeridos, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado en febrero del 2024 sobre este punto, al declarar improcedente una demanda de hábeas corpus interpuesta por Castillo.
En la sentencia del Exp. 1803-2023-PHC/TC, el Tribunal sostuvo que la vacancia no fue lo que produjo el cese del expresidente, sino que este ocurrió en el mismo instante en que leyó su mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022, al quebrantar el orden constitucional y anunciar un gobierno de facto.
El Colegiado precisó que, en esas circunstancias, “no es exigible el cumplimiento riguroso de todos los requisitos de procedimiento” previstos para situaciones de normalidad constitucional, dado que las decisiones del Congreso se tomaron en un contexto de emergencia.
El Tribunal también consideró que el Legislativo actuó con “legítima celeridad” ante la ruptura del orden constitucional causada por Castillo, quien anunció el cierre del Congreso, toque de queda y la reorganización de todo el sistema de justicia, incluido el Tribunal Constitucional.
Actualmente, el juicio contra Castillo por su intento de golpe de Estado se encuentra en la etapa de alegatos finales. La fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión.
Mientras tanto, su denuncia contra 100 congresistas —y dos fallecidos— se suma a la larga lista de controversias que rodean su gestión, su caída y su situación judicial.
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