Otro duro revés para su defensa. El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, seguirá siendo investigado por los delitos de organización criminal y otros vinculados a presuntos casos de corrupción durante su gobierno, luego que el Poder Judicial rechazara en segunda instancia su pedido para anular todo lo avanzado en estos casos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, emitió su resolución en la cual declara como infundada la apelación que presentó Eduardo Pachas, abogado de Castillo.
En su apelación, la defensa legal buscaba anular la decisión en primera instancia que, el 7 de noviembre del 2022, rechazó su tutela de derechos en la cual señalaba que se debía anular la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra el entonces jefe de Estado.
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La acusación ante el Congreso que fue aprobada semanas después indicaba que Pedro Castillo sea procesado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, algo que sus abogados consideraron que no podía proceder por atentar contra el artículo 117 de la Constitución.
La Corte Suprema volvió a validar la decisión tomada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, y señaló que no había motivos para considerar que la denuncia había atentado contra los derechos del expresidente o contra el artículo de la Constitución.
Con esto, el Poder Judicial informó que no se dejará sin efecto las diligencias realizadas por la Fiscalía de la Nación como parte de esta investigación contra Castillo Terrones.
PIDEN LEVANTAR SECRETO DE COMUNICACIONES
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo como parte de la investigación en su contra por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre.
El profesor Pedro Castillo se encuentra preso por un autogolpe fallido. (Foto: Archivo)
La solicitud fue hecha por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, encargada de la investigación por rebelión y, alternativamente, conspiración, y será evaluada en una audiencia virtual programada para este 5 de julio.
Según informó el diario ‘El Comercio’, el objetivo del Ministerio Público es que el Poder Judicial ordene a las empresas Movistar, Claro y Entel brindar el reporte de llamadas del investigado entre el 2 y el 16 de diciembre del 2022, justamente los días previos y posteriores al intento de Castillo de cerrar inconstitucionalmente el Congreso, tomar las instituciones del sistema de justicia y gobernar por decreto.
El requerimiento del fiscal Uriel Terán fue recibido por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien está a cargo de este caso a nivel judicial.
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