Pedro Castillo volvió a mover una ficha en el terreno judicial. El exmandatario presentó formalmente ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un pedido para acceder a la gracia presidencial común, con el objetivo de dejar sin efecto la prisión que cumple por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Su defensa sostiene que el proceso excedió los plazos máximos previstos por la Constitución y que aún no existe una sentencia firme, mientras el recurso también se apoya en un informe emitido por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas.
La solicitud fue presentada por su abogado, Walter Ayala, quien invocó el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política. A diferencia de los pedidos anteriores, esta vez la estrategia ya no se sustenta en razones humanitarias o de salud, sino en una interpretación constitucional sobre los plazos de la detención y la vigencia de la presunción de inocencia mientras el proceso permanece en etapa de apelación.
Según el documento presentado por la defensa, el plazo de investigación compleja y su prórroga vencieron el 11 de abril de 2024. Además, sostiene que, aplicando un criterio garantista extremo, el límite máximo de la prisión preventiva se cumplió el 16 de diciembre de 2024, por lo que solicita la conmutación y posterior anulación de la medida que pesa sobre Castillo.
El recurso también alcanza el proceso por el caso Puente Tarata. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo señalaron que, al tratarse de una investigación por presunta organización criminal, el Ministerio Público dispone de plazos de investigación más amplios, por lo que el supuesto constitucional invocado por la defensa recién podría aplicarse a partir de marzo de 2032.
Uno de los principales argumentos de la defensa es el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese documento concluye que la detención de Pedro Castillo, luego del intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue arbitraria y vulneró derechos fundamentales.
El informe incluso considera que el mensaje a la Nación emitido por el entonces presidente constituyó un “acto simbólico” protegido por la libertad de expresión, al señalar que no existió coordinación con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para ejecutar un levantamiento.
Esa interpretación, sin embargo, fue cuestionada por especialistas. El constitucionalista Erick Urbina sostuvo que el mensaje presidencial no fue un acto figurativo, sino una orden para disolver el Congreso, intervenir el Tribunal Constitucional y detener a la fiscal de la Nación, acciones que, según indicó, constituyeron un golpe de Estado con consecuencias jurídicas.
Además, recordó que Castillo contó en todo momento con asistencia legal y que actualmente es juzgado por la Corte Suprema bajo las garantías previstas en la legislación peruana.
La solicitud presentada por Walter Ayala se encuentra ahora en manos de la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo encargado de evaluar este tipo de pedidos antes de emitir una recomendación al despacho presidencial.
En el documento, la defensa precisa que la gracia común no implica declarar inocente a Pedro Castillo ni dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, sino ejercer una facultad constitucional excepcional para extinguir la acción penal en un expediente que, según sostiene, aún no cuenta con una resolución firme.
No obstante, fuentes del Ejecutivo indicaron que el reciente fallo condenatorio por conspiración para la rebelión constituye un elemento que dificultaría el otorgamiento de la gracia presidencial, ya que el proceso superó la etapa de investigación preparatoria.
En esa misma línea, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga manifestó anteriormente que ninguno de los procesos del exmandatario cumple con el requisito constitucional referido al exceso del plazo de instrucción.
A ello se suma la posición de la Cancillería, que recordó mediante un comunicado que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria ni produce efectos directos en el ordenamiento jurídico peruano.
Mientras tanto, Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo a la espera de que continúe la evaluación de su solicitud y de que la Sala Penal Permanente resuelva la apelación contra la sentencia dictada en su contra.
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