El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, calificó de racistas y discriminatorias las acciones que vienen tomando el Ministerio Público y el Poder Judicial en referencia a las investigaciones el jefe de Estado, Pedro Castillo.
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Durante su participación en una mesa de diálogo en la provincia de Candarave, en Tacna, criticó que la Fiscalía y el Poder Judicial no tuvieron el mismo énfasis en indagaciones anteriores, donde dijo que hubo pruebas de delitos de corrupción de exfuncionarios.
“¿Por qué no hicieron lo mismo con los otros donde hubo pruebas sobre actos de corrupción? Ahora sin pruebas, pero no hay que dejar trabajar. Eso es racismo, eso es discriminación. Por eso les digo, no se consideren ustedes menos que nadie”, cuestionó.
Frente a las autoridades locales, el primer ministro aseguró que ambas instituciones no dejan trabajar al máximo mandatario.
“Se quiere que todos trabajen juntos, el Ejecutivo, el Legislativo y que el Poder Judicial haga verdaderamente justicia. Que toda su jurisprudencia del Ministerio Público y el Poder Judicial los motiva solamente con la finalidad de no dejar trabajar al presidente de la República”, manifestó.
En otro momento, Torres Vásquez aseveró que hasta el momento no existen pruebas de las imputaciones que se le hace a Castillo Terrones. Además, recordó que el presidente ha deslindado de cualquier delito de corrupción.
“Hemos pedido una y mil veces: presenten las pruebas, pero no las pueden presentar, simple y llanamente porque no existen (...) el presidente de la República ha deslindado tajantemente de la corrupción, venga de donde venga; incluso si proviene de sus familiares más cercanos”, dijo.
Investigaciones a Castillo
Como se recuerda, el Ministerio Público investiga al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, en el marco del caso Puente Tarata III.
Asimismo, el último miércoles la Fiscalía de la Nación decidió iniciar una investigación preliminar contra el jefe de Estado por el presunto delito de tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas.