EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. Esta mañana se inició el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Junto a él, los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta también enfrentarán la justicia.
“Este juicio no tiene precedentes en nuestra historia: el juicio a Pedro Castillo, quien quebrantó el orden democrático y constitucional, pese a haber sido elegido presidente”, señaló la Fiscalía en su alegato inicial.
El juicio se lleva a cabo en la sala especial del penal de Barbadillo, recientemente inaugurada por el Poder Judicial para procesar a expresidentes y autoridades de alto rango.
Antes de instalarse el juicio, el exmandatario le indicó a la doctora Norma Carbajal que no desea contar con abogado para este proceso, pues considera que no le será útil. También le indicó a la magistrada que en su momento la recusó por haber adelantado opinión sobre su proceso.
Se ha reservado un área específica para que los familiares del expresidente y otros acusados puedan estar presentes, aunque no dentro de la sala principal, ya que el juicio es de acceso restringido.
La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el exmandatario, además de una inhabilitación de tres años y medio para ejercer cargos públicos. En cuanto a sus exministros, las penas solicitadas varían entre los 15 y 25 años de cárcel, dependiendo de su grado de participación en los hechos.
La acusación de la Fiscalía se sustenta en 65 pruebas documentales y 69 testimonios de exfuncionarios, policías y testigos clave. En los registros se encuentran videos del propio Castillo anunciando la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, lo que se considera una prueba determinante en el caso.
Además de Castillo y sus exministros, en el proceso también están implicados los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, este último actualmente en Suiza.
El expresidente ha negado en reiteradas ocasiones haber cometido delito alguno y asegura que su anuncio del 7 de diciembre de 2022 fue una reacción a lo que consideraba un “bloqueo político” de su gestión. No obstante, la Fiscalía sostiene que hubo una planificación detrás del intento de golpe.
El juicio, que se estima durará varios meses, será clave para definir la responsabilidad de Castillo y sus exministros en los hechos que llevaron a su destitución y posterior detención. Las audiencias serán seguidas de cerca por la opinión pública, ya que se trata de un caso sin precedentes en la historia del país.
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