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La ministra de Cultura, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de la acusación que esta última presentó contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso.
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A la titular del Ministerio Público se le acusa de presunta infracción a la Constitución en sus artículos 117º, 146° (numerales 1 y 3) y 159° (numeral 2), así como por incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 376° y 418° del Código Penal.
Así, refiere que la denuncia consigna expresamente delitos no contemplados dentro del artículo 117 de la Carta Magna, que no permite que el dignatario sea acusado más allá de cuatro supuestos explícitos.
Según Chávez Chino, este hecho pone “en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo el Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al gobierno, es decir dándole una connotación puramente política a su actuación fiscal”.
“De lo manifestado se puede evidenciar que el hecho principal que es materia de investigación es la existencia de un poder que pretende atentar contra la institucionalidad y la figura y la investidura del Presidente de la República utilizando diversos mecanismos fuera de la Constitución”, subraya.
En ese sentido, para Betssy Chávez, la fiscal de la Nación habría cometido los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por pretender “aplicar los Tratados Anticorrupción de las Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución, con el único fin de perpetrar un golpe de Estado”.
Según el documento entregado por la fiscal de la Nación en mesa de partes del Parlamento, al mandatario se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En el documento también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La acusación argumenta la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.
La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez.
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