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Un tenso momento se vivió durante el paro de transportes cuando representantes de diversos gremios de transportistas encararon al presidente para exponer la grave situación de inseguridad que enfrentan en las calles. Los conductores exigieron respuestas inmediatas ante el avance de la criminalidad que afecta al sector.

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Durante el encuentro, los dirigentes cuestionaron al mandatario por sostener diálogos con interlocutores que, según denunciaron, no representan realmente a los transportistas. Indicaron que existen supuestos lobistas que estarían interviniendo en las decisiones sin conocer la problemática real que se vive en las rutas.

Los choferes advirtieron que la violencia se ha intensificado en los últimos meses. Señalaron que las bandas criminales no solo recurren a armas de fuego, sino que ahora utilizan granadas para intimidar y extorsionar a choferes y empresarios del transporte público.

Esta situación, afirmaron, ha provocado un impacto directo en el sector, al punto que miles de conductores han optado por dejar el país ante el temor constante de ser víctimas de atentados o asesinatos durante sus jornadas laborales.

Extorsiones, migración forzada y ausencia de autoridad

Los representantes de los gremios informaron que el pago de cupos a organizaciones criminales se ha vuelto una práctica diaria para poder seguir trabajando. Añadieron que el sicariato continúa en aumento y que numerosos choferes han sido asesinados en ataques vinculados a la extorsión.

Asimismo, denunciaron que alrededor de 36 mil transportistas habrían emigrado a España en busca de seguridad y estabilidad económica, al no encontrar garantías para ejercer su labor en el país. También solicitaron atención prioritaria para los hijos de los conductores que han perdido la vida en hechos violentos.

Otro punto crítico expuesto fue la falta de presencia policial en las principales vías de la capital. Según los dirigentes, los agentes abandonan sus puestos tras pocas horas de servicio, lo que facilita el accionar de las mafias en zonas con alta incidencia delictiva.

Por último, los gremios expresaron su rechazo a la gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, a la que acusaron de realizar operativos con fines recaudatorios sin ofrecer soluciones reales. Ante las críticas, el presidente José Jerí se comprometió a instalar una mesa de diálogo permanente y a incluir las demandas del sector en las próximas acciones del Ejecutivo.

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