El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que los padres del presidente Pedro Castillo, Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones, sí forman parte del programa “Pensión 65″, el cual está orientado a beneficiar a personas de la tercera edad que están en condición de pobreza extrema.
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Mediante un comunicado, el sector respondió a un programa emitido en Willax para precisar que es falso que los padres del mandatario se hayan unido al beneficio social en octubre del 2021, pues su inscripción data de los años 2013 y 2014.
“En ese marco, los usuarios Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones no han sido afiliados a Pensión 65 en octubre de 2021, como se afirmó, sino que mantienen la condición de usuarios del programa desde junio del 2014 y diciembre del 2013, respectivamente, luego de cotejarse que cumplen con los requisitos de acceso y permanencia previstos en el Decreto Supremo n.° 081-2011-PCM (norma de creación de Pensión 65) y modificatorias; comprobarse que no han renunciado a ser usuarios, y verificarse que no han fallecido”, se lee en el escrito.
El pronunciamiento del sector, el cual es presidido por la vicepresidenta Dina Boluarte explica los motivos por los que un adulto mayor puede dejar de ser merecedor de este apoyo por parte del Estado.
“En vista de lo antes mencionado, los usuarios de Pensión 65 mantienen dicha calidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso y permanencia, independientemente del grado de parentesco o filiación que puedan tener con cualquier persona. Los usuarios podrán permanecer en Pensión 65 en tanto el Sisfoh no determine, mediante la respectiva recertificación, el cambio de clasificación socioeconómica a NO POBRE”, agrega el comunicado.
“La clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios, brindada por el Sisfoh y consignada en el Padrón General de Hogares (PGH), es determinada en base a las visitas a los hogares realizadas por personal los respectivos municipios”, puntualiza el texto.
Finalmente, el ministerio reafirma su compromiso dar protección social de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.
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