Por: Miguel Ramírez
A fines del 2008, un hombre llamado Pedro Morote Cornejo llegó hasta una de las fiscalías del Ministerio Público. En un sobre llevaba documentos que eran pura dinamita: el nombre de varias empresas peruanas que recibían extraños y millonarios pagos de la empresa Odebrecht, que llegaban a través de bancos de Brasil y Costa Rica, y que luego se enviaban a cuentas al extranjero.
La más importante se llamaba Constructora Área SAC, de propiedad de Gonzalo Monteverde Bussalleu y María Isabel Bernasconi, con quienes Pedro Morote había trabajado como asesor legal desde 1990 hasta finales del 2007.
Lo que le pasó a don Pedro Morote es de película. Un día le cambiaron su computadora por una nueva. Pero cuando se la instalaron le pusieron un CPU (la memoria del equipo) antiguo, que había pertenecido, probablemente, a un alto funcionario de la empresa. Cuando revisó los archivos casi se cae de espaldas.
Descubrió un pago de US$7’964,152 que Odebrecht le había hecho a su jefe Gonzalo Monteverde por un trabajo en la carretera Interoceánica Norte. Comprobó que esa obra estaba sobrevaluada y –lo peor– nunca se ejecutó.
También encontró un pago ficticio de US$3 millones que Monteverde recibió de su socio Jorge Salinas Coaguila, que terminaron en cuentas del extranjero.
Cuando se retiró de la empresa, Morote se fue a una fiscalía con todos los documentos que tenía. Un fiscal lo escuchó y tomó nota, pero nunca lo llamaron. En aquel entonces, enero del 2008, la fiscal de la Nación era la doctora Gladys Echaíz, cuyo esposo es militante aprista.
“Cuando yo denuncié el caso, pensé que de inmediato se iba a movilizar todo el aparato judicial, pero terminé denunciado”, recordó Morote el año pasado, cuando se presentó ante la comisión del Congreso que investigó el caso Lava Jato.
Morote, indignado, también llevó su denuncia a la Sunat, a la División de Lavado de Activos de la Policía Fiscal y hasta le envió una carta al entonces presidente Alan García. El silencio fue la respuesta.
Después de ¡8 años! el tiempo le ha dado la razón a Pedro Morote. Hace unos meses, el fiscal Hamilton Castro (que dirige la investigación de las coimas pagadas por Odebrecht) y la Unidad de Inteligencia Financiera, con la ayuda de fiscales suizos, comprobaron que, a través de las empresas creadas por Gonzalo Monteverde Bussalleu, Odebrecht pagó los US$29 millones de sobornos a funcionarios y autoridades peruanas.
Monteverde niega los cargos, pero las autoridades sostienen que dicho empresario montó con sus hermanos 13 empresas en el país y el exterior, que sirvieron de ruta para las coimas que pasaron por Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Brasil y Suiza.
¿Por qué las autoridades del 2008 no le hicieron caso a Morote? ¿A quién protegieron? Ellos también deben ser investigados. Nos vemos el otro martes.
