El coordinador del equipo especial, Rafael Vela, informó de la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho de resolver a favor de la devolución del dinero solicitado por la empresa brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Agregó que “al definir que no hay ninguna controversia”, es decir, que todas las partes involucradas están de acuerdo (Ministerio Público, Procuraduría y Odebrecht), la resolución debería ejecutarse.
“La decisión de la jueza es apelable, pero desde la perspectiva de lo que se ha resuelto, si todos están de acuerdo sería algo que objetivamente consideramos sería paradójico, pero estamos sin duda dentro de la legitimidad de cada autonomía y el procurador y la empresa Odebrecht deberán evaluar si están conformes con la decisión de la jueza”, señaló este martes en Canal N.
Como se recuerda, la constructora Odebrecht le solicitó, a inicios de julio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el reembolso de S/524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino.
Rafael Vela explicó que en la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora se ha incluido una fórmula de garantía hacia el futuro, “que es la construcción de un fideicomiso contractual privado”.
“Cualquier activo que venda la empresa Odebrecht siempre va a ser objeto de un porcentaje de retención que busque garantizar el pago de la reparación civil en los casos en los que se está declarando culpable”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que no se puede establecer cuál será el monto exacto de devolución, ya que el dinero pasará por una serie de procedimientos de liquidación.
“No podemos establecer un monto de devolución preciso porque eso tiene que ser objeto de algunos procedimientos de liquidación. En principio determinar que no se ha pagado la reparación civil producto del acuerdo, se tiene que pagar esta primera cuota, se tiene que hacer ajustes de vencimiento de deudas tributarias que puedan haber existido desde la aprobación”, dijo.
Finalmente, el fiscal superior reiteró que las acciones del Ministerio Público están sometidas a la “garantía judicial” y están “dentro de la legalidad”.
