Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros investigados fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad en mayo pasado. Fotos: César Bueno @photo.gec
Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros investigados fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad en mayo pasado. Fotos: César Bueno @photo.gec

HERMANÍSIMO CON LA SOGA AL CUELLO. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra un grupo de investigados por el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’, entre ellos Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda, quien ejerció hasta mayo pasado como defensor legal de la mandataria.

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El requerimiento del equipo Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que lidera la fiscal superior Marita Barreto, fue presentado este miércoles ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE).

Este también alcanza a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.

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A todos ellos se les imputa el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias, entre otros cargos.

La solicitud de la Fiscalía se enmarca en una investigación que apunta a diversos nexos de los implicados, algunos de los cuales habrían llegado hasta el Instituto Peruano del Deporte.

El caso incluye conversaciones y chats que involucran a Víctor Torres Merino y otras personas aún bajo investigación.

AUDIENCIA SERÁ ESTE VIERNES

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada será la encargada de llevar a cabo esta audiencia, y se notificará a los representantes del Ministerio Público y a otras partes involucradas por medio de casilleros electrónicos u otros métodos oficiales.

Cabe resaltar que la audiencia de prisión preventiva está programada para este viernes 9 de agosto de 2024 a las 12:30 p.m. y será evaluado por el juez Richard Concepción Carhuancho

Nicanor Boluarte es sindicado por la fiscalía como líder una organización criminal. Le imputan haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político “Ciudadanos por el Perú”.

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