No se querían perder ningún partido. El gasto de más de medio millón de soles en la contratación de televisión por cable y streaming para el Congreso de la República y la Contraloría General de la República volvió a colocar el uso de los recursos públicos en el centro del debate. De acuerdo con la información difundida por el portal El Foco, ambas entidades adjudicaron el servicio a DirecTV, por un monto conjunto de S/ 567 324, días antes del Mundial 2026, mientras las entidades electorales advierten un déficit presupuestario para las próximas Elecciones Regionales y Municipales.
El Parlamento firmó un contrato por S/ 310 392 con DirecTV el 27 de abril. Según los documentos citados, el servicio tendrá una vigencia de dos años y permitirá dotar de señal de televisión por cable y streaming a 479 televisores distribuidos en distintas oficinas de la sede legislativa.
Los Términos de Referencia del proceso precisan que el servicio no se limita a unas cuantas oficinas, sino que contempla el cableado de hasta 479 puntos de televisión distribuidos en diez edificios del Cercado de Lima.
Como sustento de la contratación, el Congreso señaló la necesidad de mantener un “flujo permanente de información, a través de diferentes medios de televisión por cable que provean de señales privadas y/o abiertas de índole noticioso tanto locales como internacionales”. El documento también indica que el servicio permitirá la “difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía”, motivo por el cual se exige la incorporación obligatoria del canal Congreso TV.
El contrato del Parlamento establece que el servicio deberá funcionar de manera ininterrumpida durante 730 días calendario, es decir, dos años. Además, el proveedor deberá ofrecer una programación especializada con contenidos de carácter político, económico, social, tecnológico, de investigación y cultural.
Consultado por la contratación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, evitó pronunciarse sobre el tema y derivó la consulta al área administrativa. “Eso pregúntenle a la administración”, respondió antes de retirarse del Palacio Legislativo.
En el caso de la Contraloría General de la República, la entidad adjudicó a la misma empresa un contrato por S/ 256,932 destinado a oficinas, gerencias y subgerencias. El servicio tendrá una vigencia de 1,095 días calendario, equivalente a tres años, y alcanzará a 117 sedes distribuidas en todo el país.
Según la institución, el objetivo del servicio es “mantener informados a los trabajadores sobre la coyuntura local, nacional e internacional, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones institucionales”. La entidad también explicó que el monitoreo permanente de noticias políticas, económicas y financieras constituye una herramienta de apoyo para sus labores de fiscalización.
Frente a los cuestionamientos surgidos tras conocerse la contratación, la Contraloría difundió un comunicado oficial en el que sostuvo que “no se trata de una contratación extraordinaria ni de un servicio contratado con ocasión de un evento deportivo”. Asimismo, indicó que este servicio se mantiene de manera continua desde el año 2021 y que el proceso vigente buscó garantizar su continuidad.
La entidad explicó que el primer concurso público fue declarado desierto luego de que el postor ganador no completara los requisitos dentro del plazo establecido, por lo que se convocó una nueva licitación en mayo de 2026. Finalmente, el contrato N.° 041-2026-CGR fue suscrito el 15 de junio por un periodo de tres años.
Mientras tanto, el Congreso sostuvo que la contratación responde a la necesidad de asegurar el acceso permanente a información nacional e internacional y a la difusión de las actividades institucionales. Así, ambas entidades defendieron los contratos firmados con DirecTV, en medio de los cuestionamientos generados por el monto destinado al servicio y la cercanía de las contrataciones con el inicio del Mundial 2026.
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