Ni al más pintado guionista de Netflix se le hubiera ocurrido imaginar la impactante escena protagonizada por los mineros ilegales y las rondas campesinas de Pataz: cientos de modernas camionetas, todas cuatro por cuatro, tomaron el acceso a esa localidad y no dejaban salir ni entrar a nadie. Sucedió hace dos semanas como muestra del respaldo de ese sector ilegal a la protesta de mineros informales y artesanales.
Como siempre ha dicho este sencillo columnista, esa zona, de donde sale el 40 % de la producción nacional de oro, está casi perdida. Los mineros ilegales, coludidos con los malos dirigentes ronderos, cerraron varios días ese acceso. Ninguna autoridad se atrevió a reprimirlos.
Los mineros al margen de la ley tienen en jaque al gobierno de Dina Boluarte, que ni siquiera disimula que no tiene punche para enfrentarlos. Les ha dado una tregua de sesenta días para dialogar. El régimen gana tiempo para que no haya desmanes en Fiestas Patrias y los dirigentes sacan ventaja y lo hacen retroceder en decisiones medulares que ya habían sido tomadas.
El miércoles, el Ejecutivo suspendió un decreto supremo que excluía a más de cincuenta mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Les dio un plazo hasta ayer para apelar. Es obvio que la mayoría lo ha hecho para seguir operando sin ningún problema. ¿Si no se formalizaron en más de cuatro años, quién les va a creer que ahora lo harán? Por si fuera poco, se ha conformado un ‘grupo de trabajo’ para evaluar la medida.
“La minería ilegal mueve miles de millones de soles. No solo es Pataz, también hay minería ilegal en diez lugares más. Con su dinero pueden paralizar el país el tiempo que quieran y someter a un gobierno pusilánime”, me dice un analista de inteligencia policial.
Vayamos a los números. En el país existen alrededor de trescientos mil mineros ilegales. Un gramo de oro se cotiza en S/ 320. Ellos extraen alrededor de cuatro kilos de oro cada mes. ¡Eso significa más de S/ 1 millón mensuales por cada uno de ellos! Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese sector mueve operaciones que ascienden a US$ 12,000 millones anualmente.
Los mineros ilegales y los informales —me dice ese mismo analista— no son lo mismo que los transportistas que han hecho paros por las amenazas que reciben de los delincuentes. Esas protestas, que incluso han tenido el apoyo ciudadano, no son ni por asomo similares a las que hacen los mineros.
En efecto, en su reciente protesta, ellos paralizaron Arequipa, Cusco, Ica y La Libertad. Miles llegaron a Lima y tomaron la avenida Abancay, cerca del Congreso. Allí estuvieron viviendo en modernas y costosas carpas y hasta tenían baños portátiles.
Y encima, el domingo se descubrió que el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, mantenía comunicaciones por chat con los mineros antes de que asumiera ese cargo. ¿Estamos en manos de la minería ilegal? ¿Usted qué opina? Nos vemos el otro martes.
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